Organización criminal. Con nocturnidad y alevosía, a la cuatro de la mañana, ETA hace explotar una enorme bomba en la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Burgos, con el único objetivo de matar a guardias civiles, a sus conyuges y a sus hijos. Había 120 personas en esos momentos (41 niños) durmiento cuando estalló la bomba. Fueron doscientos kilogramos, una explosión de infarto, muchos heridos (65) y enormes daños materiales. Afortunadamente para las víctimas no hubo que lamentar muertes, pero hay que suponer que sí graves daños psicológicos que se prolongarán en el tiempo. Entre los heridos de pronóstico reservado hay dos mujeres embarazadas.

:: Tres furgonetas

La policía había identificado y tenía conocimiento de que existían tres furgonetas de Eta, una Kangoo blanca, una Mercedes Vito verde y una Citroën Berlingo blanca o verdem, cargadas de explosivos y dispuestas a ser utilizadas. La furgoneta Mercedes Vito ha sido utilizada contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos. Quedan dos. ¿Hubo fallo de seguridad en la casa cuartel de Burgos? Todo indica que sí. E indica, de igual modo, que los intentos de negociar con Eta, en la práctica se convirtieron en una enorme bocanada de oxígeno táctico y estratégico para ETA. España durante aquel episodio de negociación con ETA, personalmente conducido por el Presidente Zapatero, en el que se rindieron y manipularon todas las instituciones del Estado, dejó escrito negro sobre blanco, que España estaba huérfana de generales políticos y militares. Se cometió un gravísimo error táctico y estratégico de proporciones descomunales, vergonzante. Los sicarios de la banda criminal siguen al frente de los ayuntamientos, no han sido desalojados y gozan del apoyo de una minúscula parte de la judicatura, muy activa, acantonada en la Audiencia Nacional, para proteger las loas privadas y públicas, mediante homenajes, a los hitos criminales de la banda.

La actuación del Estado respecto a la banda, dista mucho de ser ejemplar. No se corresponde con un eficiente estado de derecho que un día sí y otro también echa un capote a la banda criminal con total despreocupación de los derechos políticos, civiles y económicos de las víctimas directas de los asesinos y del pueblo español.

La descontaminación criminal de todas las instituciones vascas, la recuperación de la legalidad lingüística, la recuperación de la libertad de prensa, la recuperación de la calle, la lucha contra la intimidación y el terror, son luchas pendientes que están muy lejos de la victoria final. Y la política zigzagueante del supuesto gobierno constitucional vasco contribuye a la desolación. En la práctica todas las medidas que está adoptando son medidas de compromiso muy temerosas de lo que opinan los aliados tácticos de Eta y la mejor prueba de los que decimos, alcanza todo su explendor, con la sanción económica a los militares que enarbolaron la bandera de España en el monte Gorbea. ¿Era necesaria la sanción económica a los militares? ¿Para quien era necesaria la medida y a quién perjudicaba? Rendía pleitesía al nacionalismo urticario y chabacano y humillaba a los vascos y al pueblo español.

:: Eleveda vulnerabilidad

El fracaso en la lucha contra ETA, después de 50 años, es más que obvio. Es un fracaso de la clase política, incapaz de interpretar el fenómeno, en algunos casos maliciosamente incapaz, e incapaz de generar instrumentos de derechos suficientes para luchar contra una banda criminal que utiliza la escusa política para delinquir y asesinar.

La vulenerabilidad de España a la banda terrorista, después de 50 años, sigue siendo altísima como prueba el atentado contra la casa cuartel de Burgos. Los hechos, por sí mismos constituyen empirícamente un argumento incontestable. Las variaciones interpretarivas y los golpes de pecho de los distintos ministros del interior y de los distintos portavoces políticos son ociosos y empiezan a ser molestos. Como irritantes empiezan a ser las muestras de condolencia preñadas de derrotismo y resignación, estériles. Se necesitan, se siguen necesitando medidas legales y jurídicas extraordinarias para abordar un fenómeno de características extraordinarias que ninguna fuerza política parece estar dispuestas a desplegar, más atenta a los enredos especulativos de unos cuantos editorialistas sin escrúpulos, que a resolver el problema.

:: Las medidas

Las medidas que son de eficacia indiscutible son de sobra conocidas: la ilegalización absoluta y completa de todo el entramado vinculado a ETA, la endurecimientos de las normas penitenciarias para los condenados por pertenencia a banda terrorista organizada, la reinstauración de la cadena perpetua, la modificación de la legislación para incautar bienes que permitan hacer frente a las indeminizaciones que resulten de la aplicación de la Ley (se deben incluir bienes de familiares de primer grado o de especial afinidad, inmuebles y muebles). Estamos hablando de medidas extraordinarias que necesitan el respaldo parlamentario y que debieran incluir la declaración de un ‘Estado de Prealerta’, un nuevo estatus jurídico, y la suspensión inmediata de convecciones internacionales que limiten la eficacia de la acción policial y judicial. Naturalmente será imprescindible silenciar todos los altavoces que dan cobertura a la banda. Negociar con los que nos torturan y asesinan, a lo que es proclive nuestra clase política, a lo que es proclive nuestra clase política, unos más que otros, tiene un nombre: traición.

Los derechos que hay que preservar y proteger con especial y delicadísimo celo son los de los españoles, los de las víctimas, y en ningún caso los de los asesinos. Se debe modificar la Constitución y elaborar una Ley de Referendos para poner en marcha la IPG de una puñetera vez (Iniciativa Popular Legislativa) y proceder cuanto antes a convocar referendos de independencia en Galicia, País Vasco y Cataluña. Los independentistas y los partidos que mantienen dichos fines tiene que medir el alcance real de sus peroratas y los españoles tener conciencia cierta del peligro al que nos enfrentamos. La Iniciativa Popular Legislativa tiene como principal misión proteger a los españoles de los devaneos irresponsables y expansivos de nuestra clase política de izquierdas, derechas y cantonal. A los españoles nos debe interesar, excluyentemente, preservar el estado de derecho y no lo estamos haciendo. A los asesinos lo único que les interesa es doblegarlo. Lo que de forma reiterada han conseguido.

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