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OPERACIÓN GÜRTEL

Alejandro Agag y la Caja B

Peatóm | 7·10·2009 | 00:00 |
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Alejandro Agag. Caricatura

Trama Gürtel. El empresario Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar, aparece en las anotaciones contables de la ‘caja B’ de las empresas de Francisco Correa, cerebro de la trama ‘Gürtel’, junto a otras personas como Alvaro Pérez, Gerardo Galeote, Ricardo Galeote y ‘L.B.’. El nombre del que fuera asesor de Aznar aparece en las anotaciones que realizó José Luis Izquierdo López, empleado de confianza de Correa y de Pablo Crespo, ‘número dos’ de la trama, para controlar el dinero existente en la ‘caja B’ de las empresas.

El empresario Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar, aparece en las anotaciones contables de la ‘caja B’ de las empresas de Francisco Correa

Así se desprende de un informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sobre la participación de cargos públicos en las actividades de Francisco Correa, que forma parte del sumario del “caso Gürtel” que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La lista con las personas físicas y empresas relacionadas con la Caja B salió a la luz tras la detención de Izquierdo López, quien en sus declaraciones a la Policía confirmó que el sistema de archivo de los apuntes contables lo realizó él mismo para llevar un control de los mismos y poder dar cuenta a Pablo Crespo de la situación.

El empleado de Correa explicó que, para este control, había abierto una cuenta por cada persona física, jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable. Alejandro Agag aparece en esta lista junto a Alvaro Pérez, Antaine Sánchez, Alberto López Viejo (ALV), Arturo González Panero, Gerardo Galeote, L.B., Ricardo Galeote, Benjamín Martín, Ginés López, F.Torres, Jacobo Gordon, Luis López Salvador, Milagros Zapatero, Pablo Crespo, Pau Collado, Araceli, Rocío y Sabio Martine.

También están recogidas las personas jurídicas Inversiones Kantamani, Rustfield, Windrate, Begar, Orange Market, Caroki, Easy Concept, De Miguel Abogados, Montalbo, Osiris, TCM y Teconsa. También aparecen cuentas individualizadas de distintos eventos, como actos de nuevas generaciones, diversas campañas electorales, congresos y convenciones.

En su declaración a la Policía, Izquierdo López manifestó que ese sistema de anotación de apuntos correspondía a pagos realizados con el dinero de la ‘caja B’ existente en las oficinas de la calle Serrano de Madrid, donde se encontraba el centro de decisión del conglomerado empresarial creado por Correa.

Según explicó, los datos de los apuntes se los facilitaba directamente Pablo Crespo. La caja, indicó, se nutría de dinero entregado por Crespo, Javier Nombela (de Easy Concept Comunicación)) y Alvaro Perez (de Orange Market), o de efectivo recogido de cajas de seguridad a las que tenía acceso.

:: Correa y Crespo (sus manejos desde la cárcel)

Los principales ‘cerebros’ de la ‘red Gürtel’, el empresario Francisco Correa y el ex secretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo, diseñaron un plan desde la prisión de Soto del Real para controlar la investigación de la trama corrupta, con la ayuda de sus abogados y varios de los imputados, entre ellos el ex vicepresidente de Repsol José Ramón Blanco Balín.

El sumario del ‘caso Gürtel’, entregado hoy a las partes, recoge que Correa y Crespo eligieron a “sus abogados en función de sus contactos dentro de los órganos judiciales”. En una de las conversaciones con su letrado, de 24 febrero de 2009, Crespo muestra sus preferencias por que la causa la llevara el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ante la posibilidad de tener contactos con personas de este órgano judicial.

Asimismo, Correa y Crespo dan órdenes para “el control de las declaraciones de los imputados”, según una de las intervenciones. Desde el despacho de Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, abogados de Crespo, “se habla con todos los abogados de los imputados para controlar las versiones a dar en las declaraciones en sede judicial”.

En una comunicación entre Correa y su abogado José Antonio Choclán, de 2 de marzo de 2009, se tratan cuestiones como el material comprometido y la coordinación de abogados “a nivel global”, que importa “mucho que no haya fugas”, porque “muchas veces, lo que perjudica una línea de defensa son las mismas”.

“Todo eso, hay que controlarlo”, dice Correa, quien pide al letrado que se controlen las comisiones rogatorias dictadas por el juez de Madrid, Antonio Pedreira, a diversos países para averiguar el destino del dinero desviado a paraísos fiscales.

En otra conversación, Crespo y su letrado hablan de controlar las relaciones con el juez y las fiscales del caso, teniendo en cuenta que Choclán es ex magistrado de la Audiendia Nacional y mantuvo relaciones profesionales con Concha Sabadell, una de las fiscales de la instrucción en el TSJM.

:: El Pendrive de Correa, “un montaje”

En otra de las escuchas, de 6 de marzo de 2009, Correa plantea a su abogado la posibilidad de decir que el pendrive que se le incautó es “un montaje” hecho por “Izquierdo y Pepe Peñas”, en referencia a los ex concejales del PP de Majadahonda José Luis Pañas Domingo y José Luis Izquierdo López que iniciaron el procedimiento a raíz de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Según el informe de la Policía, en esta memoria aparecen los pagos a Peñas cuando era concejal de Majadahonda, pues “cobraba todos los meses” de la trama. Asimismo, en las conversaciones con su abogado, el cabecilla de la trama se desvincula de las gestiones de Crespo y Álvaro Pérez Alonso, ‘El Bigotes’, responsable de Orange Market en Valencia. Además, Subraya que creó la estructura en 1995 y luego “se quitó de enmedio”.

Por otro lado, Crespo explica en una de las conversaciones con su abogado que los dos ex concejales del PP fueron apoyados por Correa cuando fueron expulsados del Partido y les “estuvo manteniendo económicamente durante dos o tres años”.

Según el sumario, los ex ediles empezaron a plantear recursos y cuando se presentaron por una factura de 60.000 euros por las costas de los mismos, Correa “se negó a pagar”. Según Crespo, uno de ellos tenía conversaciones de Correa. Elaboraron un dossier y lo llevaron al Grupo Prisa y a la Fiscalía Anticorrupción, dando inicio al procedimiento.

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