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Caso Faisán

La Fiscalía quiere archivar el chivatazo a ETA

El Confidencial | Peatóm | 7·10·2009 | 00:00 |
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Fernando García Marlaska. Juez de la Audiencia Nacional durante el registro del Bara Faisán donde se produjo la delación policial, vía telefónica, a favor de ETA. El Bar Faisán, de Joseba Elosua, era el centro neurálgico para el pago del impuesto revolucionario

Por Carlos Fonseca. El ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía de Bilbao, Enrique Pamies, y un inspector de la Brigada de Información de Álava fueron los autores del “chivatazo” a ETA que en mayo de 2006 frustró una operación contra el aparato de extorsión de la banda, según el informe elaborado por los policías a los que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional encargó la investigación de los hechos. El fiscal Carlos Miguel Bautista reclamó ayer el archivo de la causa al considerar que los hechos en los que se sostiene la imputación contra los citados altos cargos son “inconsistentes”.

El informe incriminatorio para los altos cargos del Ministerio del Interior está suscrito por cinco policías y se sustenta en la concatenación de llamadas del día anterior

El informe incriminatorio para los altos cargos del Ministerio del Interior está suscrito por cinco policías y se sustenta en la concatenación de llamadas que el día anterior (3 de mayo) y el mismo día de la filtración (4 de mayo) se producen de forma sucesiva entre los acusados. Con estos datos, los investigadores llegan a la conclusión de que fue el inspector de la Brigada de Información de Álava quien entró en El Faisán por una puerta trasera y le entregó a Joseba Elosúa un teléfono móvil, a través del cual el jefe superior de Policía de Bilbao, Enrique Pamies, le comunicó la existencia de un dispositivo de seguimiento sobre su persona. Una filtración que éste habría llevado a cabo por orden o sugerencia del entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. El supuesto móvil sería evitar la detención del dirigente del PNV Gorka Aguirre, ya fallecido, que había intervenido como intermediario en el pago de una extorsión a ETA por parte de un empresario nacionalista. Su detención se iba a producir el 4 de mayo de 2006, el mismo día en que el presidente Rodríguez Zapatero recibía en la Moncloa al presidente del PNV, Josu Jon Imaz. La investigación judicial permanecía congelada desde entonces, según publicó El Confidencial el pasado 9 de septiembre.

El chivatazo habría pasado desapercibidos si no hubiese sido por la indiscreción de Joseba Elosúa, que cuando viajaba en su coche, en el que la Policía había colocado un radiotransmisor, comentó a su yerno que un desconocido le había entregado un móvil a través del cual otra persona le había alertado de la operación policial en marcha. La conversación quedó grabada y los hechos llegaron a conocimiento del juez Grande Marlaska, entonces al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ordenó la apertura de una investigación. Víctor García Hidalgo fue cesado fechas después por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que aprovechó la ocasión para unificar en una sola las direcciones de la Policía y de la Guardia Civil.

:: Entrevista con un confidente de ETA

Víctor García Hidalgo, Enrique Pamies, que se mantiene al frente de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, y el inspector citado declararon fechas después ante el juez en calidad de imputados, hecho que no había trascendido hasta ahora. Los tres ofrecieron al juez una versión exculpatoria que el fiscal considera “coherente”. Pamies manifestó que en la fecha de los hechos se disponía a tener una entrevista con un confidente de ETA y el inspector iba hacerle la cobertura de la entrevista con un reconocimiento previo de la frontera, razón por la que cruzaron numerosas llamadas. La Dirección General de la Policía aportó al juzgado un documento según el cual dicho inspector estaba entre los días 3 y 5 de mayo realizando un curso de conducción 4×4 para la misión encomendada por su superior.

En cuanto a las comunicaciones con el director de la Policía, tanto éste como el jefe de Policía de Bilbao las justifican en el contacto habitual y frecuente al que están obligados por sus respectivos cargos y en este caso, además, por la operación antiterrorista en marcha. Se da también la circunstancia de que Víctor García Hidalgo, que llegó a la dirección de la Policía desde el PSE, y Enrique Pamies se conocían desde hacía años.

:: Críticas del fiscal a los investigadores

El escrito del fiscal en el que pide el archivo de la causa sostiene que las acusaciones contenidas en el informe son “una hipótesis policial que sirve como punto de partida para una posterior investigación (la cual ha sido practicada de forma exhaustiva) pero al carecer de aval probatorio alguno resulta inhábil por sí misma para sustentar una tesis acusatoria”. El fiscal es muy crítico con los investigadores, a los que acusa de inconsistentes en sus deducciones incriminatorias y les reprocha la insuficiencia de las pruebas aportadas que, dice, “necesitan de algún elemento adicional de prueba” que las corrobore y descarte cualquier otra hipótesis o posibilidad, cosa que, en su opinión, no ha ocurrido a lo largo de la investigación.

Otro elemento, “de capital importancia”, en el que el ministerio público sustenta la petición de archivo es que Joseba Elosúa no ha reconocido al inspector antes citado como la persona que le entregó el móvil, y que no lo ha hecho ni en las fotos que le fueron mostradas en su día ni en la rueda de reconocimiento que se practicó en la tarde del 13 de enero pasado.

El escrito del fiscal concluye tajante: “Estando acreditados los hechos base, a saber, la secuencia de llamadas entre todos los imputados, así como el lugar donde se encuentran todos ellos en las fechas y horas en que se produce la filtración, no encontramos un enlace preciso y directo, según las reglas de la lógica y del criterio humano que, descartando cualquier otra posibilidad, conduzca de forma inexorable y sin duda alguna a la tesis incriminatoria expuesta por los investigadores, habida cuenta, además, de los poderosos contraindicios existentes -singularmente la rueda de reconocimiento negativa-, por lo que resultaría plenamente ilegítima la aplicación a este caso de la inferencia indiciaria, incluso para proseguir la causa contra los imputados”.

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