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Escáner: ACTUALIDAD, CONTEXTO, ANÁLISIS

ESPAÑA ES UNA SOCIEDAD ILEGALMENTE VIGILADA

El Ministerio del Interior en el ojo del huracán

Peatóm | 5·11·2009 | 00:00 |
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Alfredo Pérez Rubalcaba. Ministro del Interior (caricatura)

Espiar a los ciudadanos. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, denunció este miércoles que el “control” del sistema de interceptación de las comunicaciones SITEL recaiga en el Ministerio del Interior y anunció que el Grupo Popular llevará al Congreso una iniciativa para que esa competencia sea en “exclusiva” del juez. Pons aseguró que dicho sistema es “inconstitucional e ilegal” y afirmó que el Gobierno del PP “nunca lo puso en marcha” porque lo desaconsejaron los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los Ministerios de Justicia y Defensa.

“Espero sentido común y decencia democrática para darnos cuenta que el derecho a la intimidad y al secreto en las comunicaciones está hoy en entredicho”

El PP sostiene, en la proposición no de ley que registrará este miércoles, que el “avanzado sistema informático” SITEL que “gestiona” el Departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba “permite la interceptación de las comunicaciones y la recogida de un conjunto de datos conocidos como ‘información asociada a la comunicación’”, que permiten que pueda seguir interceptando una comunicación “aunque se cambie de teléfono o de tarjeta SIM” e incluso saber la localización geográfica de los interlocutores, los mensajes SMS o los accesos a Internet.

Con este sistema, continúa, “se aporta mucha más información sobre la persona a la que se investiga que la mera conversación a la que generalmente se refiere el juez cuando autoriza la interceptación telefónica”. “No sólo se puede vulnerar el derecho a las comunicaciones sino también el derecho a la intimidad”. En el texto, el PP recuerda que en 2001 se planteó la necesidad de mejorar los sistemas de interceptación de las comunicaciones para adaptarlas a las nuevas tecnologías y que para hacerlo se pidieron informes a Justicia, Defensa y el CGPJ. Sin embargo, subraya que esos informes “pusieron de manifiesto importantes deficiencias en la cobertura legal”, lo que “supuso la paralización de su implantación”.

Eso sí, destaca que el sistema comenzó a utilizarse en 2004, cuando el PSOE llegó al Gobierno. Para ello se dictó un reglamento de desarrollo de la Ley de Comunicaciones y tres años más tarde se reguló en la Ley de Conservación de Datos relativos a las comunicaciones de forma “insuficiente”, según el PP. Los ‘populares’ consideran que, aunque SITEL pueda servir para combatir la criminalidad, el Estado de Derecho exige “legalidad, proporcionalidad de los medios utilizados en la investigación y respeto a las garantías constitucionales”.

:: Ley orgánica

Por ello, el Grupo Popular plantea en su proposición no de ley que el Congreso inste al Gobierno a remitir en el plazo de dos meses un proyecto de Ley Orgánica que regule la interceptación de las comunicaciones. Esa regulación deberá establecer “la exclusiva competencia de la autoridad judicial para la gestión de todos los sistemas y software de interceptación de las comunicaciones entre los ciudadanos”.

Además, reclama que se designe un funcionario identificado como responsable de los centros de interceptación de las comunicaciones. También exige que la utilización de esos sistemas requiera que el juez especifique en la resolución qué sistema de interceptación se debe utilizar y motive individualizadamente qué datos son los que deben ser interceptados. Igualmente, plantea que los soportes digitales en los que se realice la grabación de datos estén “firmados por una autoridad certificada de la autenticidad para evitar la manipulación de los datos grabados”. Y pide que “una vez aportados al proceso se destruyan las copias existentes, incluidos los datos obrantes en servidores de SITEL”.

Los ‘populares’ creen que se deben regular específicamente las investigaciones referentes a los delitos de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, pederastia y pornografía infantil. En otro punto, plantean que la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados del Congreso conozca anualmente un informe sobre la utilización de SITEL y otros software similares. En la misma proposición, que el PP quiere ofrecer a otros grupos parlamentarios, propone que la Comisión de Justicia del Congreso elabore antes de un año un informe sobre el impacto de las innovaciones tecnológicas en los derechos civiles al ser utilizadas por la Administración Pública.

:: Una sociedad vigilada

En una rueda de prensa para presentar el texto, González Pons afirmó que España es hoy “una sociedad vigilada” y agregó que el Ministerio del Interior “le está ganando la partida a la libertad y a la intimidad de los españoles”, máxime cuando con los avances tecnológicos se ha “multiplicado la capacidad que tiene el Estado para controlar la intimidad y el secreto de las comunicaciones”. “No exagero si digo que no existe ningún control sobre la capacidad del Gobierno de limitar algunos derechos civiles de los españoles como el derecho a la intimidad y el derecho al secreto de las comunicaciones”.

El diputado del PP explicó que su formación presenta esta iniciativa porque el sistema SITEL de interceptación de comunicaciones es “inconstitucional e ilegal” y porque “debería estar administrado por la autoridad judicial”. “En España está interceptado por Interior”, exclamó, para añadir que esto es parecido a la llamada ‘Ley Corcuera’ sobre seguridad ciudadana.

“Los efectos pueden ser tan perniciosos como ‘la Ley Corcuera’ pero sin ley”, resaltó el responsable de Comunicación de los ‘populares’. Dicho esto, explicó que aunque este sistema lo impulsó el Gobierno del Partido Popular en el año 2003 nunca lo puso en marcha porque lo desaconsejaron los informes del CGPJ y de los Ministerios de Justicia y Defensa. González Pons no quiso vincular esta denuncia sobre SITEL con el llamado ‘caso Gürtel’ y dijo que confía en tener el respaldo de otros grupos parlamentarios para aprobar esta proposición en la Cámara Baja antes de Navidad. “Espero sentido común y decencia democrática para darnos cuenta que el derecho a la intimidad y las comunicaciones está hoy en entredicho”, enfatizó. Asimismo, indicó que el Defensor del Pueblo se ha hecho eco de la denuncia sobre este asunto que registró la Asociación de Internautas que preside Víctor Domingo, que hoy asistió a la conferencia de presa de González Pons.

:: Reacción de Rubalcaba

El Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, distribuyó este miércoles los contratos firmados en 2001 y 2003 por el líder del PP, Mariano Rajoy, y la secretaria general del partido, María Dolores De Cospedal, —entonces vicepresidente y subsecretaria de Interior, respectivamente—para la implantación del sistema de grabación de comunicaciones SITEL. Rubalcaba respondió así a las críticas vertidas por el secretario de comunicación ‘popular’ Esteban González Pons, quien acusó al ministro de emplear este sistema “ilegal” y “anticonstitucional”.

Después de la rueda de prensa en la que el ministro defendió que cuando el PSOE ganó las elecciones este sistema “ya estaba instalado” y que es “mucho más garantista que el anterior”. Interior distribuyó a los medios de comunicación tres documentos, el primero de ellos fechado el 24 de octubre de 2001, en el que Mariano Rajoy, en calidad de vicepresidente primero y actuando en nombre del Ministerio del Interior, firmaba el contrato de adquisición e instalación de un Sistema Integrado de Intercepción Legal de Telecomunicaciones (SITEL).

Según consta en este mismo documento, el importe de licitación de este sistema alcanzaba los 13.823.278 euros (previstos en tres anualidades) y el contrato fue adjudicado por Rajoy el 25 de septiembre de ese año 2001 por importe de 9.825.975 euros (previsto también en tres anualidades) a la empresa danesa ETI A/S, quien se comprometía así a la entrega e instalación del material. “El plazo de ejecución de este contrato es desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de marzo de 2003″, detalla el documento.

El segundo documento distribuido este miércoles por el Ministerio del Interior está fechado el 21 de marzo de 2003. En él, María Dolores de Cospedal en su entonces calidad de subsecretaria del Departamento de Interior daba el visto bueno a la petición de la empresa ETI A/S, que solicitó un aplazamiento de seis meses para la finalización del contrato sobre la fecha fijada (31 de marzo de 2003). Es decir, esta empresa pedía una prórroga hasta el mes de septiembre de 2003.

ETI S/A se amparaba en que “la participación de los operadores de telecomunicaciones en el Proyecto SITEL, concretamente los operadores de telefonía móvil TME, Amena y Vodafone y el operador de telefonía fija Telefónica España, es indispensable para la ejecución del proyecto”, por lo que De Cospedal firmó este aplazamiento hasta el 30 de septiembre de 2003.

Posteriormente, según consta en el tercer documento con fecha del 30 de septiembre de 2003 distribuido este miércoles, De Cospedal firmaba un nuevo aplazamiento, en este caso de dos meses, solicitado por la empresa ETI A/S por razones similares. De este modo se fijaba un nuevo plazo para la finalización del contrato para el 30 de noviembre de 2003.

En base a estos documentos, Rubalcaba respondió a la críticas de González Pons asegurando que fueron Rajoy y De Cospedal quienes contrataron el sistema SITEL, que, según añadió, fue puesto en marcha en 2004 cuando el ministro del Interior era Ángel Acebes. Esto supone, según Rubalcaba, que el sistema calificado hoy por Pons como “ilegal” e “inconstitucional” comenzó a utilizarse antes de la victoria electoral socialista del 14 de marzo de 2004.

Rubalcaba calificó estas acusaciones del PP como “gravísimas”. “SITEL es un sistema operativo contratado por Rajoy y De Cospedal, puesto en marcha por Acebes y De Cospedal, es un sistema integrado que cuando llegamos ya estaba instalado”, dijo Rubalcaba, quien insistió en que “todo lo que hay en el SITEL está autorizado judicialmente”.

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