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Escáner: ACTUALIDAD, CONTEXTO, ANÁLISIS

LE SIGUE DE CERCA EL PP

El PSOE lidera el ranking de corrupción

Peatóm | 19·11·2009 | 00:00 |
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Corrupción

Corrupción. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, explicó hoy que en la actualidad hay un total de 730 asuntos, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, abiertos contra partidos políticos por casos de corrupción, de los que 264 se refieren son procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE y 200 contra miembros del PP. Además, dijo, hay 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra miembros de Convergencia i Unión, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal (GIL), siete de Unión Mallorquina, cinco de Esquerra Republicana de Catalunya, tres del Bloque Nacionalista Galego, otros tres de PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local.

En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Conde Pumpido indicó que estos datos sólo muestran “la imagen de una acción demoledora de la Justicia contra la corrupción, una actuación intensa, inimaginable hace unos años”. Eso sí, reconoció que le produjo “cierta preocupación” la pregunta realizada por el PP acerca de las actuaciones iniciadas contra miembros del PP y del PSOE, por “lo lejos de la realidad del Ministerio Fiscal”.


Conde Pompidu considera que el 1% de los cargos públicos, imputados por delitos de corrupción, es la mejor prueba de que la clase política está limpia y es injusto hablar de corrupción generalizada. El 1%, por lo visto, le parece muy poco y casi natural. ¿Quiere hacernos creer el Sr. Conde-Pompido que los que no están imputados es porque están limpios? Para los españoles todos los cargos públicos son incocentes hasta que dejan de serlo y sospechamos, naturalmente, que existen muchos más delincuentes de los que están imputados. Y contrariamente a lo que afirma el Fiscal General, pensamos que para perseguir la corrupción los más importante es  evitar que se produzca. Objetivo imcumplible con los actuales mimbres legales y constitucionales

“Me causa preocupación porque pone de manifiesto que los fiscales siguen siendo todavía, pese al enorme esfuerzo de transparencia que hemos hecho, grandes desconocidos, incluso en la sede de la soberanía popular”, afirmó, para después asegurar que “los fiscales no persiguen a los delincuentes por su afiliación política, sino por los delitos que comete”.

Con todo, aseguró entender que a veces “se produzca la percepción subjetiva de que los más próximos son los más perseguidos”, aunque remarcó que esa sensación “responde a que lógicamente la información fluye con más agilidad dentro de la propia organización política de que se trate”, así como a “la implantación de una u otra fuerza política en las instituciones de un área geográfica determinada”.

En concreto, se dirigió al portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, para referirse a las denuncias de “la aparente presión ejercida por la Justicia” en algunas comunidades, como de la que es origen este diputado, Murcia. Conde Pumpido explicó que en esta región hay 14 investigaciones en curso contra miembros del PP, frente a seis en las que los investigados son socialistas, pero pidió que se tenga en cuenta “cúal es la relevante implantación geográfica e histórica del PP en Murcia”.

Para contrastarlo, se refirió a Extremadura, donde el número de asuntos penales que se siguen a miembros del PSOE es de 15, mientras que contra miembros del PP es “solamente uno”. “Resulta, pues, evidente —argumentó— que la actuación independiente e imparcial de la Justicia afecta por igual a uno u otro grupo político y sólo factores aleatorios como la mayor o menor permanencia en los órganos de Gobierno, o la especial repercusión de algún asunto específicamente relevante, altera dicha percepción”.

En cualquier caso, el fiscal general insistió en que en España hay “más de 66.000 concejales y alcaldes, además de 17 asambleas legislativas autonómicas, otros tantos Gobiernos autonómicos, además de los órganos centrales del Estado”, con lo que “no llega al uno por ciento el número de los responsables públicos de este país que en su vida han hecho algo que merezca la sospecha de un juez o un fiscal”.

:: La corrupción no es un fenómeno generalizado

En su opinión, no se puede decir que en la actualidad la corrupción es “un fenómeno generalizado”, sino más bien que “ahora más que nunca, las alarmas y los resortes del Estado de Derecho están funcionando correctamente, como nunca antes había funcionado”.

También reconoció que “todo es mejorable”, pero insistió en que lo más importante “no son grandes propuestas, ni decálogos, ni nuevas ideas geniales para luchar contra la corrupción”, sino que “la mejor aportación posible” es “dotar de medios y dejar trabajar a la Policía y a la Justicia”. “Los aplausos entusiastas para policías, jueces y fiscales que se convierten en agrias críticas en función de que los investigados sean ajenos o propios, tampoco ayudan. Lo que hace falta es, simplemente dejar de trabajar a quienes se enfrentan a la corrupción cada día”, insistió.

:: Filtración y tratamiento de pruebas

Conde Pompidu exigió una nueva Ley Procesal para evitar que “el fiscal no se viera en la insólita función de vigilante de un juez que al mismo tiempo que dirige la investigación tiene la facultad de homologar la legalidad de sus propios actos

En su intervención inicial, que comenzó con la presentación de la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2008, el titular del Ministerio Público también se refirió a las preguntas del Grupo Parlamentario Popular relativas a las filtraciones de los sumarios y el tratamiento de las pruebas por parte de la Fiscalía.

En relación con las filtraciones, Conde Pumpido recalcó que se está hablando de investigaciones que han sido seguidas por fiscales que “poquísimos ciudadanos serán capaces de reconocer ni por su nombre ni por su cara”, de cuyo trabajo “nadie ajeno a la propia investigación tiene noticia”.

En este punto, recordó que la investigación del denominado ‘caso Gürtel’ fue tramitada “durante muchos meses a través de la Fiscalía Anticorrupción sin que durante ese tiempo se produjese información ni filtración alguna”, algo que, en su opinión, pone de relieve “la absoluta discreción de los integrantes de la Fiscalía”.

Por eso, aseguró que es “paradójico y doloroso” que “cuando se produce el estallido mediático del caso, porque se realizan detenciones o registros”, acabe por “recaer la más mínima sombra de duda sobre la actitud del Ministerio Fiscal en relación con el secreto sumarial”.

La Fiscalía, dijo, tiene que “soportar insinuaciones o insultos sin poder hacer público su convencimiento de que no hay filtración ninguna de las actuaciones judiciales, sino informaciones facilitadas desde el exterior por personas que, sin acceso al contenido del sumario, disponen de materiales o datos a veces sencillamente porque han intervenido en los hechos investigados”.

Además, Conde Pumpido subrayó que el Ministerio Público ha aceptado “de manera inequívoca la responsabilidad de investigar esas posibles filtraciones” y, como ejemplo, enumeró las “hasta diez actuaciones diferentes” que la Fiscalía Anticorrupción ha llevado a cabo en relación con las supuestas filtraciones de la ‘Gürtel’. “Hemos evitado, por tanto, cualquier filtración de la investigación llevada a cabo por el fiscal, y hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano para perseguir las que se han producido, fuese cual fuese su origen”, remachó.

Del mismo modo, hizo extensivo el máximo respeto a la ley de los fiscales en lo que se refiere al tratamiento de las pruebas en los sumarios judiciales. No obstante, destacó que estos profesionales “deben superar cada día con su esfuerzo la seria dificultad” que supone “la agonía de un sistema procesal vetusto y moribundo”.

:: Necesidad de una nueva Ley Procesal Penal

Conde Pumpido aprovechó para defender la necesidad de dotar a España de “una ley procesal penal propia de un Estado democrático moderno”, en el que “el fiscal no se viera en la insólita función de vigilante de un juez que al mismo tiempo que dirige la investigación tiene la facultad de homologar la legalidad de sus propios actos”.

En cualquier caso, garantizó que los ciudadanos “pueden estar seguros de que los fiscales cumplen su función como dice la ley, y lo hacen muy bien”. “En todos los casos, donde hay aforados y donde no los hay, donde los imputados son de un partido y donde son de otro, y donde ni siquiera sabemos de qué partido son, o si no son de ninguno, que es lo que ocurre en la mayor parte de las ocasiones”, afirmó.

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