Crisis secesionista. La clase política catalana, de la que a estas alturas ya existe suficiente base empírica para afirmar que representa muy parcialmente a Cataluña, y la prensa subvencionada y mantenida por dicha clase política, con el dinero del contribuyente, han optado por apropiarse de un territorio cuya propiedad corresponde a los españoles, también a los que viven en Cataluña y que son mayoría. Argumento principal y fundamental para desautorizar la última maniobra de la clase política catalana que ha utilizado sin empacho a la prensa catalana para lanzar un órdago al Tribunal Constitucional y una advertencia a todos los españoles sobre sus propios planes.

Nadie en su cabales debiera tomarse a broma lo que acaba de ocurrir y cualquier fuerza política que lo fuera, debiera tomar en alta consideración prepararse y preparar a la opinión pública para el clima de tensión y exasperación política que se avecina, no importa el sentido de la sentencia del Tribunal Constitucional, ratificanto la Constitucionalidad del Estado o lo contrario. El único líder político que hasta el momento se ha expresado con claridad ha sido Rosa Díaz al afirmar que la prensa catalana “No es la diginidad de Cataluña lo que defienden, defienen los anuncios que la Generalidad se ha comprometido a contratar”.

Hay mucho cinismo en la maniobra de la prensa catalana inspirada por la clase política. Es cierto. No debiera hecharse en saco roto, sin embargo, que las palabras la carga el diablo, y que en estos momentos, el conjunto de la clase política catalana, tiene un difícil retorno o marcha atrás. Han amenazado a través de el editorial compartido con la movilización general y asuntos de mayor cuantía. Es un asunto muy serio y de naturaleza excepcional al dejar a los electores catalanes sin opción, abandonados por los partidos políticos mayoritarios, y en el mayor de los desamparos dado que los grandes partidos han hecho piña para impedir que asomen nuevas fuerzas políticas.

:: Intimidación al Tribunal Constitucional

El Portavoz de la APM (Asociación Profesional de la Magistratura), asociación mayoritaria de los jueces, Antonio García, interpreta la iniciativa de la prensa catalana como una “presión al tribunal que tiene, constitucionalmente, la última palabra sobre las garantías constitucionales, una de las terminales más trascendentes del funcionamiento del Estado”. García no dudó en calificar de “inapropiada” la actitud de estos periódicos. Según el portavoz de la AMP, “una cosa es informar y opinar” y otra muy distinta el “discurso conminatorio y el tono velado amenazante contra la decisión del tribunal”. “En definitiva están diciendo: o hacen lo que nosotros decimos o aténganse a las consecuencias. Si el TC entiende que el Estatuto no se compadece con el texto constitucional está menoscabando la dignidad del pueblo catalán. Esto es lo que dice el editorial. No es libertad de opinión, hay una amenaza velada y el que no lo vea a sí es que está ciego”.

Recordó que el Tribunal Constitucional tiene encomendada la función del control constitucional de las leyes, también de los estatutos de autonomía porque están subordinados a la Constitución. Echó en falta Antonio García una respuesta contundente y a la vez “prudente” de la presidenta del TC a las catarata de declaraciones intimidatorias y amenazantes de las autoridades catalanas. “Se tenía que haber producido una respuesta en términos institucionales de la presidenta, que tiene la obligación legal y ética de preservar la imagen del Constitucional”, dijo, porque a su entender, este tipo de manifestaciones se están moviendo en “la línea roja” y poniendo “entre la espada y la pared el ejercicio del tribunal”. “Nadie ha asumido ese papel. El Constitucional parece entender que la prudencia les impedía que la presidenta hiciera ese planteamiento, pero estas posiciones le están conduciendo a una situación de claro descrédito”, concluyó.

:: El editorial de la infamia (texto íntegro)

Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: “Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica”. Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores.

La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido.

De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el “corazón de la democracia”. Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal -un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo- no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.

La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de “símbolos nacionales” (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.

No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador.

El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.

Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.

Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos -que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo-, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum. Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual.

Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.

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