Análisis. Subirá la luz, el gas, el agua, las recogidas de basura, los tributos, el transporte colectivo y es más que probable que las telecomunicaciones. Subirán todos los servicios básicos, sin los cuales la vida no es posible. Las administraciones públicas, acogotadas de deudas e incapaces de la más mínima reconversión, que, a su vez, han favorecido todas las operaciones de compra entre empresas intervernidas y reguladas (eléctircas y gasistas) a precios exorbitantes, se transformarará en 2010 es un asalto a la economía doméstica. Si alguien busca un escenario económico más adverso para las economía familiares no lo encontrará ni en sus peores pesadillas.

La euforia del gobierno, afirmando que el PIB retornará de forma inminente a saldos positivos, no impedirá que la abultada deuda pública, empresarial y familiar, se transforme en cifras de paro erizantes y en un cerco fatal para las economías domésticas, en estos momentos, muy castigadas por la crisis. El 201o será un año repleto en desafíos y desesperanza.

Fuentes del sector energético afirman que en la propuesta remitida por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), se recoge una subida del 14,25%, de media, en las tarifas de acceso de la luz, en el primero de los dos principales factores de la fórmula de cálculo para combatir el famoso déficit tarifario, que en un mercado fuertemente regulado, como es el energético, suena a regodeo. En un informe reciente, la CNE indicó que la tarifa de acceso debería subir un 13,5% para evitar que se supere el límite de 3.000 millones de déficit tarifario, y un 17,9% en caso de que se apruebe el decreto para incentivar la quema de carbón nacional en centrales térmicas.

El precio de la luz viene subiendo cada año desde 2003, aunque sólo desde 2006 (5,28%) lo hace por encima del IPC. Si en 2007 la subida fue del 2,98%, en 2008 registró un incremento del 9,08% (3,3% en enero y 5,6% en julio). En enero de 2009 se aplicó una subida del 3,4% y en julio, del 2%.

La TUR (Tarifa de Último Recurso) un acrónimo administrativo que oculta una falsa liberalización, que empezó a funcionar en julio, consiste en un precio regulado para los cerca de 24,9 millones de clientes, la mayoría de ellos domésticos, con potencias inferiores a los 10 kilovatios (kW). Los consumidores domésticos pueden elegir entre el mercado y esta tarifa, que para determinados colectivos (familias numerosas, tarifa social, familias con todos los miembros en paro y pensionistas) da derecho además al bono social.

:: Las administraciones públicas a la cabeza

Las administraciones públicas se colocarán a la cabeza de todas las subidas, trasladando a los vecinos, a través de los servicios y los tributos, su incompetencia y desvergüenza. A pesar de la destrucción incesante de puestos de trabajo y de la caída en picado del consumo, el mes de enero del próximo año vendrá cargado con una subida generalizada en el precio de los servicios básicos. La necesidad imperiosa de hacer caja y reducir el déficit público, para no ser expulsados del parnaso del euro, llevará a la desesoperación a muchas familias.

El transporte urbano e interurbano, el metro, el tren, los peajes y un largo etcétera serán mucho más caros a partir de enero de 2010. En estos casos, el incremento de precios se espera que sea muy superior al del IPC, que en el mes de noviembre cerró con un repunte de tan solo el 0,4%. Las subidas en todos estos supuestos pueden alcanzar hasta un 30%. Las arcas públicas, del estado, de las CC AA, de las diputaciones y de los municipios, están exhaustas.

Antes que reconventirse y hacer sus deberes, las administraciones públicas, sin convicciones y sin objetivos, a la deriva, transferirán sin vergüenza alguna, sin despeinarse y sin temblarles el pulso, por la cara, sin nada a cambio, su improductividad, a los ciudadanos. Un impuesto que bien puede tildarse de revolucionario, casi una extorsión, en los tiempos que corren. Entre la urgencia de combatir el déficit público para evitar que la economía de España se desplome y pretender reducirlo a capón, sin explicaciones, para a continuación seguir mangándola, hay un trecho intolerable.

Es imperativo reducir el déficit y lo es, asimismo, pagar los platos rotos y depurar responsabilidades. La mala cabeza, las pésimas inversiones, el gasto estrambótico en asuntos que nadie necesita y que no debieran estar al alcance de los políticos, y lo peor de todo, confundir a la opinión pública y al mercado con campañas de comunicación exageradas, negando la mayor, desafíando la realidad, la virulencia de la crisis, de manera perversa, exige depurar responsabilidades. Y nadie debe olvidar que la clase política que aquí denosto y señalo con el dedo, es la responsable principal y única del 60% del sistema financiero español; que es la responsable única de un mercado energético caprichoso, estrafalario, regulado, pero en manos de multinacionales y sobre el que pesa un bajísimo coeficite de seguridad enegética en el suministro; y que es la responsable de un sistema de telecomunicaciones carísimo, de muy baja calidad, donde los operadores se sindican, para poner precios, en un marco de falsa liberalización, que se sostine de manera administrativa y cuyo negocio, su esencia, está al margen de las nuevas potencialidades tecnológicas.

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