Referendo. El presidente de Islandia, Olafur Grimsson, rehusó este martes firmar la ley que autoriza al Gobierno a indemnizar a los ahorradores e inversores británicos y holandeses afectados por la quiebra de los bancos islandeses. Decisión que obliga a someter el texto a referéndum, según informa el Gobierno islandés en un comunicado. La ley, que fue aprobada el pasado 30 de diciembre por el ‘Althing’, el Parlamento de Islandia, reconocía la garantía estatal para el reembolso de los préstamos concedidos por el Reino Unido y Holanda al ‘Fondo de Garantía para inversores y ahorradores’. Préstamo destinado a cubrir el pago de las garantías de depósito mínimo para ahorradores del Reino Unido y Holanda que metieron sus ahorros en las filiales del banco islandés Landsbanki’s Icesave.

De acuerdo a la Constitución, la decisión del presidente de no firmar la ley requiere que ésta sea sometida a un referéndum general tan pronto como sea posible, en el que necesita el apoyo de una mayoría simple de los votantes para seguir en vigor. Entretanto, la ley entra en vigor tal y como fue aprobada por el parlamento. El Gobierno anunció hoy que reflexionará sobre la decisión del presidente y estudiara la situación. A pesar de todo, el ejecutivo islandés mantuvo que sigue “plenamente comprometido” con la aplicación de los acuerdos de préstamo bilaterales y, por lo tanto, con la garantía estatal prevista por la ley.

El Gobierno recalca que constituye un paso importante para la normalización de la financiación externa del país. Asimismo, subraya que el Plan Económico del Gobierno, desarrollado en cooperación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con financiación procedente del FMI y los gobiernos de los países nórdicos y Polonia, sigue en vigor. La primera ministra islandesa, Johanna Sigurdardottir, resaltó que el Gobierno “sigue comprometido para asegurar que Irlanda cumple sus compromisos internacionales”, e incidió en que continúa trabajando para garantizar “la creación un significativo número de puestos de trabajo y un crecimiento económico renovado”.

:: La realidad

Un total de 56,089 islandeses, algo menos de la cuarta parte de los ciudadanos con derecho a voto, han firmado una petición dirigida al presidente del país, Olaf Ragnar Grimsson, para que vete la entrada en vigor de la  ‘ley Althing’ y origen de la decisión de su presidente. La Ley impone el pago de 5.000 millones de dólares (unos 3.491 millones de euros) en compensaciones a los clientes británicos y holandeses afectados por el hundimiento del banco islandés Landsbanki, arrastrado por la crisis financiera global. También hay 30.000 cuentas de alemanes que invirtieron en Kaupthing Edge afectados por el hundimiento del banco islandés Kaupthing.

El documento pide a Grimsson convocar un referéndum sobre esta cuestión, ya que consideran que el Gobierno pretende que los contribuyentes pagen por los errores cometidos por los bancos. El caso ha derivado prácticamente en una disputa diplomática entre Islandia, por una parte, y Reino Unido, Países Bajos, por otra, ya que hay unas 400.000 cuentas de alta rentabilidad propiedad de británicos, holandeses y alemanes afectadas por este incidente a las que sus propietarios no tienen acceso.

La ‘ley Althing’ fue concebida para compensar a los británicos y holandeses que abrieron cuentas de Internet Icesave, propiedad de Landsbanki, en 2008. “Considero que es una demanda razonable que sea sometida a referéndum la decisión de garantizar con el erario público el pago a los gobiernos de Reino Unido y Países Bajos y la carga económica que supone para las generaciones actuales y futuras de islandeses”, reza el texto de la petición. InDefence, grupo que ha reunido las firmas, considera que la ‘ley Althing’ supone un “gran riesgo” para el futuro económico de Islandia.

“Todas las proyecciones basadas en presupuestos realistas (…) demuestran sin lugar a dudas que Islandia no puede asumir los pagos estipulados en los acuerdos de préstamo de Icesave tal como se establece en la polémica ley”, explicó el grupo en un comunicado. La aprobación de la ‘ley Althing’ allanaría el camino al ingreso rápido de Islandia en la Unión Europea, pero la medida es muy impopular. El Gobierno sólo logró la tramitación parlamentaria por un margen de 33 votos a favor y 30 en contra, y un ministro dimitió en protesta por la decisión.

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