Problema de policía. El comité regional de la Confederación Española de Policía (CEP) en Cataluña aseguró hoy que Vic (Barcelona) es “sólo la punta del iceberg” del problema de la inmigración en situación irregular, y aseguró que desde 2005 viene advirtiendo de la “desobediencia civil” por parte de los ayuntamientos catalanes. En un comunicado, explicó que los consistorios niegan su colaboración para que el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) tenga acceso a las fotocopias de los pasaportes de los inmigrantes en situación irregular empadronados, paso necesario, según la CEP, para identificarlos y poder terminar los expedientes de expulsión.

Acusó al Consistorio de Vic de proponer no empadronar a inmigrantes ’sin papeles’ “sólo cuando ha visto peligrar los votos para las próximas elecciones”. Señaló que con la “política de favorecimiento de la inmigración irregular” que estaban realizando los ayuntamientos catalanes se estaba “creando el campo de cultivo idóneo para este tipo de partidos xenófobos”, en alusión a Plataforma per Cataluña (PxC) con grandes expectativas de voto en la comarca de Vic.

El comité aseguró que en las pasadas elecciones municipales este partido pasó de 3 a 17 concejales, mientras que los ayuntamientos “han seguido mirando hacia otro lado y poniendo al CNP todas las trabas posibles para que no pueda desarrollar sus competencias en materia de inmigración y extranjería”. La CEP de Cataluña reclamó la colaboración de los ayuntamientos, ya que sin ella, este cuerpo policial “no puede realizar sus competencias de formar eficaz”.

:: El padrón municipal

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba señaló hoy que “el padrón también sirve para saber que hay ciudadanos que no son regulares pero que tienen sus derechos sociales”, como el derecho a la sanidad y a la educación y aseguró que “no es un instrumento policial”. “El Ayuntamiento de Vic tiene que empadronar” y recordó que “así lo dice una circular firmada por el señor Mariano Rajoy en 1997″. “El padrón es estrictamente un sistema de control de quienes viven en uno u otro ayuntamiento”. No obstante, afirmó que el Gobierno también expulsa a los inmigrantes que están irregularmente en España, pero “sobre todo a aquellos que tienen que ver con la delincuencia”.

En cuanto a la consulta que el alcalde de Vic ha dicho que hará al Gobierno, Rubalcaba explicó que cuando el Ministerio del Interior la reciba la enviará a la abogacía del Estado. “La abogacía cogerá la normativa en vigor y dirá lo que yo estoy diciendo”, aseguró el ministro. Además, habló de cientos de miles de inmigrantes irregulares en España, como una aproximación, ya que, al estar en situación irregular, no se conoce el número, aunque sí se hacen cálculos comparando padrones y tarjetas de residencia, tal y como explicó.

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