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Escáner: ACTUALIDAD, CONTEXTO, ANÁLISIS

LA AUDIENCIA REACTIVA EL CASO

Garzón forzado a realizar nuevas pruebas en el caso Faisán

Peatóm | 16·02·2010 | 00:00 |
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Juez Garzón. Caricatura

Caso Faisán. La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Baltasar Garzón que reactive la investigación del chivatazo a ETA y practique una serie de diligencias que pidieron las acusaciones particulares y a las que el magistrado se había negado. Entre las pruebas que deberá realizar el magistrado está solicitar a Francia el tráfico de las llamadas que efectuó uno de los presuntos responsables del aparato de extorsión de la banda, Joseba Elosúa, y que se tome declaración a tres policías que participaron en el operativo en el que se le detuvo.

La sala considera que los hechos son constitutivos de un delito de revelación de secreto y a su vez de colaboración con banda armada, “hechos que de ser realizados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España”

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha ordenado al juez Baltasar Garzón, que investiga el supuesto chivatazo que impidió en 2006 desarrollar una operación contra el aparato de extorsión de ETA, que practique nuevas pruebas, entre las que se encuentran la declaración de tres agentes de policía que participaron en la investigación y solicitar a las autoridades francesas la documentación sobre las llamadas realizadas desde una cabina telefónica por el dueño del bar Faisan de Irún, Joseba Elosúa.

El auto estima que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de revelación de secreto y a su vez de colaboración con banda armada, por lo que “de ser realizados por miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la lucha contra el terrorismo en España”. En este sentido, el tribunal apuesta por “agotar la investigación hasta los extremos que sean necesarios”. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el pasado 5 de octubre, sin embargo, el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar quiénes fueron los autores de la supuesta delación. En la causa están imputados el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector de Vitoria.

:: Sindicatos policiales

Los dos principales sindicatos de la Policía, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Confederación Española de la Policía (CEP) coincidieron en valorar positivamente el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que este lunes ordenó al juez Baltasar Garzón practicar nuevas diligencias en relación al caso ‘chivatazo’. El secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, valoró “positivamente” esta resolución al tiempo que recordó que la postura de su sindicato “siempre ha sido la de agotar todas las vías de investigación”, además de la tesis que defiende el informe policial desarrollado por el equipo investigador de la Policía —que dirigía Carlos G.— y a partir del cual se encuentran imputados el entonces jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía, Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector.

En concreto, los magistrados de la Sección Segunda de Sala de lo Segunda de lo Penal afirman en su auto que el juez debería haber tenido en cuenta “una nueva línea de investigación”, ya que el propio líder de la red de extorsión señaló en su declaración que quien le llamó era la persona que “controla directamente a los cuatro o cinco policías que le hacen seguimientos”, lo cual, según el tribunal, “descarta a todos los hasta ahora imputados y parece apuntar en otra dirección”.

“Parece que el círculo de posibles autores, como ya se ha supuesto, está y debe estar dentro del grupo de funcionarios policiales que, por una u otra razón, bien directamente o indirectamente, tenían conocimiento de la operación que se iba a realizar”, señala el auto de la Sala. El SUP añade además que el auto de este lunes insiste en que la operación no se realizó el 4 de mayo de 2006 tal y como estaba previsto porque los efectivos franceses se negaron a ello. Por este motivo Fornet también consideró que “sería procedente investigar las llamadas que recibió la juez francesa Laurence Levert y el jefe francés del operativo conjunto que iba a llevar a cabo la operación contra del red de extorsión”.

“Puestos a investigar todo hay que investigar todo de verdad y ojalá lleguemos al fondo de este asunto. Para llegar al final de la historia es necesario agotar las demás vías”.

:: “Ratificar el clamor”

Por su parte, desde la CEP, su portavoz Lorenzo Nebrera, aseguró que la decisión de la Sala “ratifica el clamor que hay en todos los ámbitos políticos, policiales y jurídicos sobre la necesidad de hacer un esfuerzo extraordinario para profundizar en aquellas partes de la investigación donde puede existir duda”. “Lo que ha hecho es dar trámite a una serie de diligencias y entre ellas una reflexión que apunta a investigar este hecho gravísimo y es que la investigación recaiga también sobre el Cuerpo Nacional de Policía”, declaró Nebrera, quien defendió la necesidad de inspeccionar otras vías además de la recogida por el equipo investigador.

“Somos los más interesados en que esta situación se esclarezca, siempre hemos mantenido, lejos de que sea Guardia Civil la que investigue, que las pesquisas deberían haber recaído sobre funcionarios de la Policía que no hubiesen tenido participación en el operativo en torno al Bar Faisán”, sentenció.

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