Terrorismo. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este lunes en Hannover (Alemania) que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ya se ha puesto en contacto con el Ejecutivo de Venezuela para solicitar “una explicación” tras el auto del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien denuncia la “cooperación gubernamental” del Gobierno de Hugo Chávez “en la ilícita colaboración” entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Confirmo que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos ha hecho la oportuna gestión ante Venezuela para que dé una explicación ante estas informaciones que parten de la Audiencia Nacional”, aseguró Zapatero al ser preguntado por los periodistas en la rueda de prensa posterior a su encuentro con la canciller alemana Angela Merkel. En ese sentido, aseguró respetar la decisión judicial, pero declinó hacer más valoraciones asegurando estar “a la espera de esa explicación” del Gobierno de Chávez.

:: Auto de la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco denuncia la “cooperación gubernamental” del Gobierno de Venezuela “en la ilícita colaboración” entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un auto en el que procesa a seis presuntos etarras y siete miembros del grupo colombiano por compartir información sobre el manejo de explosivos e intentar cometer varios asesinatos, entre ellos el del presidente del país sudamericano, Álvaro Uribe, y su antecesor Andrés Pastrana.

En un auto hecho público este lunes, Velasco dicta orden de busca y captura para doce de los procesados —todos menos la integrante de la Comisión Internacional de las FARC Remedios García Albert, que vive en España— y solicita su extradición a los Gobiernos de Venezuela y Cuba, países en los que residen en la actualidad. Entre ellos se encuentra el etarra Arturo Cubillas Fontán, que en octubre de 2005 fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras por el Ejecutivo de Hugo Chávez, mientras era responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999 y se encargaba de coordinar las relaciones con las FARC. El auto recuerda que en 1990 se casó con la venezolana Goizeder Odriozola Lataillade, que ocupa desde enero de 2007 el cargo de directora de Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

El juez también detalla que en marzo y septiembre de 2000 dos miembros de las FARC —Edgar Gustavo Navarro Morales, ‘El Mocho’, y Víctor Ramón Vargas Salazar, ‘Chato’— se trasladaron a España y pidieron “colaboración” a miembros de ETA para localizar a Pastrana, y “más recientemente” trataron de hacer seguimientos al actual presidente colombiano, Álvaro Uribe. Los etarras procesados son Arturo Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa Corta, José José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. El juez imputa a todos el delito de colaboración con organización terrorista; a los cuatro primeros, además, el de tenencia de explosivos; y a Cubillas Fontán también el de conspiración para cometer homicidios terroristas.

Este último delito es atribuido también a los supuestos miembros de las FARC Omar Arturo Zabala Padilla y Víctor Ramón Vargas Salazar. El juez también imputa a Gustavo Navarro Morales, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert y Luciano Martín Arango por colaboración con banda armada.

:: Cursos en Venezuela con escolta militar

La investigación, que parte de los 25 correos electrónicos incautados en marzo de 2008 al dirigente de las FARC Luis Edgar Devia, ‘Raúl Reyes’, concluye que los contactos entre los dos grupos terroristas contemplaban la realización de cursos de adiestramiento a miembros de ETA en la selva colombiana y venezolana a cambio de “la localización en España de objetivos de acción terrorista por parte de las FARC” y formación en “las técnicas más modernas de guerrilla urbana”.

En agosto de 2007, el etarra identificado con el alias de ‘Martín Capa’, cuya identidad se desconoce, e Ignacio Domínguez Achalandabaso impartieron en una finca de la selva venezolana cercana a Guadalito, en el estado de Apure, un curso teórico-práctico de unos 20 días a 13 miembros de las FARC sobre el manejo del explosivo C-4, de fácil adquisición en Venezuela, y la utilización de teléfonos móviles como mecanismo iniciador de las cargas explosivas.

Los asistentes a este curso, que fue organizado por Arturo Cubillas Fontán y Remedios García Albert, fueron acompañados por una persona que vestía un chaleco con el escudo de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela y escoltados por un vehículo militar, según detalla la resolución judicial. Como prueba de los contactos entre ambas partes, en la causa obran documentos en los que se detalla que dos etarras afincados en Cuba construyeron un lanzagranadas que querían probar en Venezuela. Así, los terroristas utilizaban el nombre de ‘Andrés’ para identificar a Venezuela; ‘José’ como alias de Cuba y ‘Maria Antonia’ para identificar al etarra José Ignacio Echarte Urbieta.

:: Curso sobre el uso de granadas y misiles

Además, otros cuatro miembros de ETA, dos de los cuales se apodaban ‘Schumacher’ y ‘Carlos’, acudieron a campamentos de las FARC en Venezuela entre 2003 y 2007 para dar cursos sobre artefactos iniciados por movimiento y mediante la utilización de teléfonos móviles. A su salida, fueron sustituidos por otros dos etarras no identificados. En 2003, miembros de las FARC impartieron adiestramiento militar a cuatro etarras en el área de Zulia y recibieron a cambio información sobre la fabricación y utilización de las granadas de ETA ‘Jotake-Handia’, denominadas ‘cilindro bomba’ por las autoridades colombianas. Tras esta colaboración, que se denominó ‘asunto Gabardina’, ETA utilizó este tipo de granadas por primera vez el 18 de octubre de ese año en el atentado contra el cuartel del Ejército de Aizoain (Navarra).

En diciembre de ese mismo año otros cuatro militantes etarras asistieron a un curso sobre el manejo de misiles tierra-aire, que ETA comenzó a utilizar poco después, como demostraría la incautación de este tipo de proyectiles a Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; y Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’. En enero pasado, el etarra Pedro María Olano confesó la intención de la banda terrorista de utilizar misiles para atentar contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar. Por otra parte, en 2002 se intervino en una actuación contra las FARC material muy similar al utilizado por ETA, entre ellos dos coches-bomba, un lanzador de ‘cilindros-bomba’ y granadas de mortero.

:: Atentados de las FARC en España

Los intentos de las FARC de atentar en España se remontan a 2000, cuando ‘Mocho’ y ‘Chato’ se desplazaron a España en dos ocasiones para “controlar los itinerarios” que realizaba el ex presidente colombiano Andrés Pastrana y la entonces embajadora, Noemí Sanín Posada, ya que consideraban que “no sería difícil atentar contra estos dos objetivos siempre que se contase con la ayuda de ETA”.

Además de Pastrana y Sanín, las FARC pidieron ayuda a ETA para localizar al ex candidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, al vicepresidente colombiano Francisco Santos y a otros cargos políticos y militares colombianos con el fin de “atentar contra la vida de alguno de ellos durante su estancia en España u otro país de la Unión Europea”.

A esta lista se añadieron el ya fallecido Bernardo Gutiérrez Zuloaga, ex senador y ex terrorista del Ejército Popular de Liberación (ELP) que se tuvo que refugiar por las amenazas de las FARC; el empresario Carlos Ardilla Lülle; el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe; y personas que se movían en torno a la Embajada de Colombia en España.

:: Veteranos repescados

La banda terrorista ETA cuenta en Venezuela con unas 40 personas relacionadas con su actividad delictiva y cerca de un centenar repartido por diversos países del continente Iberoamericano como Cuba o México. La mayoría de ellos son huidos de la Justicia y, por tanto, el colectivo más susceptible de ser repescado para la actividad operativa de la banda. Por ese motivo, según precisaron las mismas fuentes, los Servicios de Información españoles comenzaron el año pasado a desplegar una estrategia para impedir que ETA salga de su actual debilidad operativa a través de la movilización de veteranos miembros de la organización terrorista que residen en Latinoamérica.

En concreto, durante los últimos años se viene produciendo un trasvase de militantes de la banda de México a Venezuela, en un proceso que se aceleró a partir de 2006 con motivo de la extradición de seis terroristas que participaban desde el país azteca en la trama financiera de la organización, y que aún dura. El colectivo de huidos, a diferencia de los deportados, percibió que México ya no era un país seguro para huir de la Justicia española y muchos de ellos pusieron rumbo a Venezuela, al calor de la ambigüedad que ha mostrado el régimen de Hugo Chávez con la banda. Aunque en México sigue siendo el país con más etarras, unos 45 frente a los ochenta que había en 2004, la Policía española ve un mayor riesgo de movilización entre los huidos que residen en Venezuela, donde la colaboración de las autoridades dista mucho de ser la adecuada para controlar al grupo de etarras, según las fuentes consultadas.

La postura ‘chavista’ respecto a ETA provocó un conflicto con España a finales de 2006, cuando se conoció que el Gobierno venezolano iba a conceder la nacionalidad a cuatro etarras —Lorenzo Ayestarán, Ángel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa—, todos ellos con delitos de sangre, para evitar su extradición a España. El Gobierno español se quejó formalmente y evitó esta medida y otra de las autoridades venezolanas, que pretendían indemnizar con más de 300.000 euros a dos etarras que habían sido extraditados años antes.

:: Diez etarras en Cuba

Completan la colonia latinoamericana una decena de etarras residentes en Cuba, el grupo que menos variaciones ha sufrido desde que llegaron deportados siete miembros de la banda como consecuencia de un acuerdo entre el Gobierno de Felipe González y el de Fidel Castro en 1984. Además, hay una presencia “testimonial” de etarras en Nicaragua, Panamá y Uruguay. Los continuos golpes policiales a ETA desde el final de la última tregua han creado un vacío en el seno de la organización, que se ve obligada a situar en puestos clave a terroristas sin mucha experiencia. Informes en poder de Interior señalaban que la dirección en Francia podía intensificar las ‘llamadas a filas’ de veteranos residentes en los citados países y por eso, a comienzos del año pasado, responsables de la lucha antiterrorista cruzaron el Atlántico para intensificar la colaboración con los Servicios de Información locales.

:: Veteranos repescados

Varios ejemplos ilustran la importancia que ETA ha dado a su ‘cantera’ en Latinoamérica. El tercer detenido ayer en la región normanda de Cahan (Francia) junto al máximo responsable de ETA, Ibon Gogeaskoetxea y Beñat Aguinagalde es José Lorenzo Ayestarán Legorburu, veterano terrorista que vivió durante años en Venezuela. El es uno de los cuatro terroristas a los que el Gobierno de Chávez quiso ofrecer la nacionalidad venezolana para evitar su extradición a España.

Además, las Fuerzas de Seguridad creen que un reducido ‘comité ejecutivo’ dirige ETA en la actualidad y tienen la seguridad de que uno de ellos es José Luis Eciolaza Galán, alias ‘Dienteputo’ quien durante años tuvo su residencia en México. Asimismo, el pasado mes de octubre de 2009 fue detenido en Francia el abogado Joseba Agudo Mancisidor quien desempeñaba la función de ‘repescar’ etarras huidos tanto en Sudamérica como en Francia u otros puntos de Europa.

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