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AMONESTA A ZAPATERO

El CGPJ da un golpe encima de la mesa

Peatóm | 9·03·2010 | 00:00 |
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Golpe en la mesa de una juez

A propósito del Juez Garzón. La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha leído una declaración institucional de este órgano en la que se exige a los responsables políticos el máximo respeto a la función de los jueces. Durante un acto celebrado en Valencia, Bravo añadió que “respeta” las palabras en relación con el magistrado Baltasar Garzón pronuncias por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, así como las de “todos los ciudadanos”, aunque aseveró que estas declaraciones no influirán en la “legítima labor jurisdiccional” del Tribunal Supremo. También puntualizó, sobre las críticas proferidas por el Gobierno venezolano contra el también juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco —por el auto en el que implica al Ejecutivo de Chavez en las actividades de las FARC y de ETA—, que el Consejo rechaza las críticas que van más allá del derecho a la libertad de expresión y que constituyen un ataque al Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) exige a los responsables políticos el máximo respeto a la función de los jueces

Bravo se pronunció en estos términos en Valencia, momentos antes de clausurar una jornada sobre la mujer profesional en el ámbito jurídico y sanitario, donde leyó una declaración institucional emitida por el Consejo en la que se exigía a los responsables políticos el máximo respeto a la función de los jueces. Tras leer el escrito, Bravo contestó a las preguntas de los periodistas, y quiso dejar claro, respecto a las declaraciones de Zapatero —cuando elogió la “valentía” frente a ETA del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, incurso en tres causas penales en el Tribunal Supremo—, que el Consejo respeta “plenamente” las palabras del presidente y “las de todos los ciudadanos”, pero se mostró segura de que ni las de él ni las de nadie “van a influir en la legítima labor jurisdiccional que desempeña el más alto tribunal, el Tribunal Supremo”.

En general, Bravo consideró “necesario” recordar a los ciudadanos que el actual modelo de Poder Judicial, desde que en España se instaura el sistema democrático, está constitucionalmente formado por jueces y magistrados independientes que “actúan con máximo rigor desde su plena independencia, aplicando siempre el principio de legalidad”.

Así, puntualizó que el Consejo “respeta y entiende que las resoluciones judiciales que no se compartan, estén sometidas a la crítica”, y afirmó que tanto los ciudadanos como los responsables políticos “pueden ejercer ese derecho a la libertad de expresión y a la crítica”. No obstante, en este punto aclaró que “aquella crítica que va más allá de ese legítimo derecho a la libertad de expresión y que constituye un ataque a instituciones tan básicas como es el Poder Judicial, consideramos que son intolerables”.

Preguntada, en concreto, por las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, que asoció al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco con “la mafia del ex presidente del Gobierno, José María Aznar”, indicó que con respecto a este tipo de manifestaciones, el Consejo también, a través de su portavoz, ya manifestó que “no compartía y que rechazábamos aquellas críticas que exceden la libertad de expresión y que constituyen ataques no solamente a las personas, a los titulares del Poder Judicial, sino a la esencia de la institución en sí”.

Insistió en que “tiene que quedar claro” que desde el Consejo “se respeta la libertad de expresión, pero todo lo que exceda de ese ejercicio tan sano para el funcionamiento de un sistema democrático como es la crítica a las resoluciones judiciales, consideramos que perjudica gravemente el Estado de Derecho”.

:: Críticas a Venezuela

Interpelada por su opinión acerca del hecho de que Eloy Velasco investigue ahora a la relación de Venezuela con las FARC y ETA cuando en 2000, año en el que era director general de Justicia de la Generalitat, bajo la presidencia de Eduardo Zaplana, se invitara al número dos de las FARC a un acto al Palau, señaló que “no es incompatible” que un juez haya desempeñado con anterioridad algún cargo político.

Agregó que no valora esta afirmación puesto que la desconoce, aunque indicó que de lo que sí está convencida es de que desde el momento en que este juez y “cualquiera que ha desarrollado algún tipo de actuación de cargo político”, vuelve a la carrera judicial, “actúa con el máximo rigor y siempre de acuerdo con el principio de legalidad”.

:: Declaración institucional

La declaración institucional leída por Bravo señala que, “en relación con las informaciones, comentarios y opiniones que, en los últimos días, vienen produciéndose relativos a determinadas actuaciones judiciales que se siguen en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional” el CGPJ, “desde la más absoluta defensa de la libertad de expresión”, exige también “el máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales españoles”

Añade que los jueces “cuentan, y contarán siempre, con todo el apoyo y defensa del Consejo General del Poder Judicial, como muy recientemente ha puesto de relieve el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar”. El Consejo reitera además “que el desarrollo de la función judicial precisa de un sereno clima para su más adecuado ejercicio”, y que éste clima “resulta difícilmente compatible con aquellas manifestaciones que produzcan un inmerecido efecto deslegitimador de la labor de los Jueces en su conjunto, provocando la desconfianza en un Poder básico del Estado”.

Por todo ello, el máximo órgano de gobierno de los jueces considera “indispensable” que los comentarios que se refieran a actuaciones judiciales, sobre todo cuando procedan de responsables políticos, “se realicen desde las coordenadas de máximo respeto institucional que deben presidir las relaciones entre los poderes públicos, sin tratar de influir en los procedimientos judiciales en curso”.

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