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Escáner: ACTUALIDAD, CONTEXTO, ANÁLISIS

ACUSADO DE PREVARICACIÓN

Luciano Varela sienta a Garzón en el banquillo

Peatóm | 8·04·2010 | 00:00 |
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Luciano Varela. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

Caso Garzón. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra a la espera de que le sea notificado el auto en el que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela procede penalmente contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón —por presunta prevaricación al investigar los crímenes de la Guerra Civil—, para poder tratar la posible suspensión cautelar del magistrado. Lo más probable es que la decisión que podría apartar a Garzón del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, al menos mientras se sustancian las tres causas que se acumulan contra él en el alto tribunal, sea adoptada por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces. No obstante, esta posibilidad debe ser acordada por los vocales de la denominada Comisión Permanente de la institución, que realiza reuniones semanales.

“La adopción de plurales decisiones que por múltiples motivos se califican como opuestas al ordenamiento jurídico, desde la consciencia de dicha antijuricidad y, por ello, eventualmente constitutivas de un delito de prevaricación”

Parece poco probable, por lo tanto, que la Comisión Permanente convocada para este jueves trate el tema de Garzón, puesto que es aún pronto para que el auto de Varela llegue al CGPJ. Existen tres escenarios diferentes una vez la decisión del Supremo sobre la primera causa abierta contra Garzón llegue al CGPJ: que la Comisión Permanente adopte una decisión y suspenda a Garzón directamente; que remita el asunto al Pleno mensual, a celebrar a finales de abril, lo que parece más probable; o incluso que se convoque un Pleno extraordinario para estudiar el asunto.

La resolución adoptada este miércoles por Varela supone el inicio de los trámites de preparación del juicio, al poner fin a la fase de instrucción de la primera de las tres causas abiertas al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Las otras causas admitidas a trámite investigan posibles conductas delictivas del juez relacionadas con los cobros que obtuvo durante la organización de unos cursos en Nueva York y por intervenir comunicaciones de imputados en el “caso Gürtel” con sus abogados en prisión.

El magistrado concreta que el delito cometido por Garzón fue “la adopción de plurales decisiones que por múltiples motivos se califican como opuestas al ordenamiento jurídico, desde la consciencia de dicha antijuricidad y, por ello, eventualmente constitutivas de un delito de prevaricación”. La querella contra Garzón por el tema de la Memoria, admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias y posteriormente se adhirieron a la misma la asociación Libertad e Identidad y también Falange Española y de las JONS, que son quienes deberán ahora presentar sus escritos de acusación contra el juez, puesto que la Fiscalía ha instado desde el principio el archivo de las actuaciones. Garzón se enfrenta a una posible condena de multa e inhabilitación.

:: Luciano Varela. Biografía

¤ PREGUNTAS

No es un secreto que el sector progresista de la magistratura, animado y soportado por un ala del gobierno, es quien está atacando con fuerza a Garzón. Un ataque que se produce cuando se acumulan las causas contra el juez estrella por su extraña conducta.

Luciano Varela Castro fue magistrado de la Audiencia de Pontevedra durante 23 años. Casado y padre de cuatro hijos, el juez accedió al Tribunal Supremo en 2007. En su dilatada trayectoria fue fundador de la asociación Jueces para la Democracia y profesor de Derecho en la Universidad de Santiago. Creó la revista Xurídica Galega y ha preparado, junto a otros jueces, a muchos alumnos de judicatura, de los que 40 son ahora jueces y fiscales —entre ellos dos de sus hijos—. También fue el autor del borrador de la Ley del Jurado Popular.

Desde octubre de 2007 forma parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Entre sus muchas actuaciones, en abril de 2009, en el caso del juez Francisco Javier de Urquía, entendió que no había delito de prevaricación y sí de cohecho, por lo que le condenó a 21 meses de suspensión del cargo y a una multa de 73.800.

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