Madrid. Solo tres de cada cien abortos se practican en centros públicos en España, una atención que se restringe a malformaciones severas del feto y que en mayor número se efectúa en Valencia, Cantabria, País Vasco y Galicia.

Esta una de las principales conclusiones del informe sobre el acceso al aborto en España elaborado y presentado por las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo y el Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE). Este estudio revela que en las comunidades autónomas de Navarra, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no existe ningún servicio público que efectúe abortos.

En opinión de ambas organizaciones, la situación de la prestación de este servicio pone de manifiesto las desigualdades de la atención en España a las mujeres que voluntariamente deciden interrumpir su gestación, especialmente en tres aspectos: la información, los servicios y el coste de la interrupción.

En cuanto a la información, la coordinadora del GIE, Marta O’Kelly, ha denunciado que ésta es “denegada y escondida” a las mujeres que se encuentran desesperadas “sin que nadie les pueda informar, ya que no existe un protocolo común de actuación”.

En esta línea, la portavoz de ACAI, Francisca García, ha destacado que el 43% de las mujeres es informada sobre una posible interrupción del embarazo en un servicio público, un porcentaje que alcanza el 75 por ciento en Andalucía frente a Canarias y Asturias, comunidades donde menos se informa a las mujeres sobre el aborto.

Tanto ACAI como GIE defienden que los servicios tampoco son los adecuados al existir una normativa sobre la atención del aborto “desigual e insuficiente”. En Extremadura, Cantabria, País Vasco, Cataluña y Madrid existen planes sanitarios que hacen referencia al aborto y en Aragón se incluye como prestación en su ley de sanidad, mientras que en el resto de comunidades no hay una normativa clara.

El informe, que analiza datos públicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas relativos a 2005, concluye que la mayoría de regiones, salvo en Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla, cuentan con centros privados para atender a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación (el 90% de abortos).

Por el contrario, existe una menor oferta cuando el tiempo de gestación supera esas 12 semanas, lo que obliga a las mujeres a emprender “un peregrinaje” a las comunidades que cuentan con estos centros —Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Valencia—.

En lo relativo a la financiación, García ha asegurado que “el ejemplo a seguir” es el modelo del sistema público de salud andaluz respecto a los conciertos con centros privados para la prestación del aborto. “Hoy por hoy es imposible plantear otra solución”, ha insistido la presidenta de GIE, Diana Sojo, quien ha apostado por una reforma legislativa de la ley del aborto que incluya su despenalización y una mayor flexibilidad en los supuestos y lazos actuales.

Para García, es necesario que el Gobierno “monte ya” la comisión de expertos destinada a estudiar una posible reforma de la ley pues “está claro que esta normativa ya ha cumplido su ciclo”. Además ha animado al Ejecutivo a que sea “valiente” en este asunto y que siga defendiendo los derechos de las mujeres.

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