Bruselas. El Parlamento Europeo aprobó ayer la Directiva de Retorno de Inmigrantes, que prevé periodos de retención de hasta 18 meses para inmigrantes ilegales que se resistan a la deportación. La votación despertó una inmediata reacción de repulsa en los países latinoamericanos y en las organizaciones humanitarias, que la han calificado de “directiva de la vergüenza”.

La directiva, que permite mantener detenidos a los inmigrantes sin papeles durante 18 meses, superó ayer el último trámite al ser aprobada por una aplastante mayoría en el Parlamento Europeo, que no aceptó ni una sola enmienda.

El texto, que recibió el visto bueno de los Gobiernos de los 27 países de la Unión Europea (UE) —fue aprobado por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones—, entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, y también autoriza a enviar a menores a países distintos de los de origen.

A los votos de la derecha —Partido Popular Europeo, con 217 votos, y la Europa de las Naciones, que otorgó 40— se unieron 57 votos de los liberales y 34 de los socialistas, 16 de ellos españoles.

Los votos contra la directiva, que impide a los expulsados volver a entrar a la UE en cinco años, llegaron de las filas socialistas (100 votos), de la Unión de la Izquierda Europea (37) y de Los Verdes (36).

Latinoamérica ha censurado de forma unánime esta directiva que algunos gobiernos calificaron de “vergonzosa”, porque viola el derecho a la libre circulación y equipara a los afectados con criminales.

Tras conocer el resultado de la votación, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso crear un frente latinoamericano para protestar contra la directiva de retorno, que calificó como “directiva de la vergüenza”, tal como la vienen definiendo las ONG europeas. “Esperamos dar una respuesta común con los diferentes países de América Latina”, dijo Correa a la televisión Canal Uno. “Unidos seremos mucho más fuertes y podremos exigir mejor nuestros derechos”, añadió.

“¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país? ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado?”, se preguntó Rafael Correa.

El vicecanciller boliviano, Hugo Fernández, afirmó que el Gobierno de su país estudiará los alcances de la directriz para decidir cómo enfrentarla “de manera legal”.

Hace algunos días, el presidente boliviano, Evo Morales, planteó incluso la posibilidad de exigir visado a los europeos en reciprocidad, aunque Fernández se ha mostrado partidario de no tomar decisiones apresuradas.

El Senado de Uruguay también rechazó la norma comunitaria, anunció que llevará a las Naciones Unidas su repudio e invitó a los Parlamentos y Gobiernos latinoamericanos a “tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional”.

El documento del Senado uruguayo subraya que la decisión europea “constituye una violación a los derechos humanos básicos y en particular al derecho de libre circulación internacional”.

Agrega que es “una flagrante incongruencia de la UE, que nutrió de inmigrantes a Latinoamérica y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo” de los mismos.

La Cancillería paraguaya emitió un comunicado en el que expresó “su decepción por la medida”, que consideró una “incongruencia en las intensas relaciones migratorias que los países de Europa y de América Latina han sabido desarrollar a lo largo de siglos de vinculación histórica”.

El Gobierno paraguayo consideró que la norma “cuestiona los derechos fundamentales consagrados por el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” e insistió en su intención de recurrir a diversas instancias internacionales.

El Ministerio de Exteriores de Brasil lamentó la determinación de la UE porque cree que siembra “una percepción negativa de la migración” y, además, va contra “una deseada reducción de trabas a la libre circulación de personas y una más amplia y plena convivencia entre los pueblos”.

El Gobierno de Argentina recordó que migrar “no es un delito”, al lamentar los términos de la directiva de la UE en una nota de la Cancillería en la que además “rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal”.

Destacó que establecer “restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa, e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales”.

Las Madres de la Plaza de Mayo pidieron por su parte a la UE que reconsidere las “salvajes” y “discriminatorias” medidas aprobadas.

Rechazo de la Federación de Derechos Humanos

Al rechazo se han sumado la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y varias ONG latinoamericanas que calificaron la norma como un “escándalo” y una “verdadera declaración de guerra” contra los inmigrantes.

Mientras, la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui tildó la directiva del retorno de “xenofóbica, ilegítima y criminal”. “La Europa de las luces se ha convertido en una Europa de las tinieblas”, señaló un comunicado de la Asociación.

Por otro lado, el vicecanciller de El Salvador, Eduardo Cálix, dijo que los países centroamericanos buscarán, en el marco del Acuerdo de Asociación que negocian con la UE, un trato “preferencial” para sus inmigrantes, pese a la directriz.

“Independientemente de las normativas que en su debido momento emita el Parlamento Europeo, estamos concentrados en lograr un mejor trato, preferencial (…) para los centroamericanos”, dijo Cálix, portavoz regional para el diálogo político y la cooperación en las conversaciones con la UE.

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