Madrid. Una veintena de intelectuales ha firmado El manifiesto por una lengua común, que reivindica la importancia del castellano como lengua común para el “juego político” de la democracia y su posición asimétrica respecto al resto de lenguas oficiales, al ser la “universalmente oficial” de todo el Estado.

En la presentación del manifiesto, el escritor Fernando Savater ha señalado que los firmantes solicitan al Parlamento las modificaciones o esclarecimientos de la Constitución y de los Estatutos de autonomía para garantizar “en todos los campos y en todo el territorio nacional” los derechos de quienes opten por el castellano. Ha asegurado que son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, y no los territorios o las propias lenguas, y ha reconocido que las autoridades regionales quieren que sus ciudadanos conozcan la lengua cooficial.

Ello, ha continuado, no justifica decretar la lengua autonómica como “vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la administración pública”. Por todo ello, piden que el Parlamento elabore una normativa, aunque exija modificaciones constitucionales o de los Estatutos, para fijar que el castellano sea la lengua común y oficial de todo el territorio y la única “que puede serle supuesta” a sus ciudadanos.

Debe reconocer a todos el derecho a ser educados en esa lengua, sin que la otra nunca sea la vehicular exclusiva, y la no obligatoriedad de los funcionarios a conocer la otra lengua en sus relaciones con los ciudadanos. Además, la rotulación de los edificios oficiales y las vías públicas podrá ser bilingüe, pero nunca únicamente en la lengua autonómica.

La norma recogerá también que los representantes políticos utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal el castellano, aunque en los Parlamentos autonómicos bilingües se podrá emplear indistintamente cualquiera de las dos lenguas. Savater cree que “los políticos de todos los colores siempre han estado jugando” con este asunto y “ninguno de los dos grandes partidos se lo han planteado de forma coordinada y seria”.

Tras afirmar que “estarían encantados” con que algún partido recogiera su manifiesto y lo convirtiera en una iniciativa parlamentaria, ha precisado que también los ciudadanos deben estar en “agitación coherente” con esta cuestión. Carlos Martínez Gorriarán, miembro de UPyD, ha asegurado que el manifiesto se convertirá en una iniciativa de este partido y ha precisado que a 16 millones de ciudadanos “se les está negando la posibilidad” de matricular a sus hijos en castellano.

La historiadora Carmen Iglesias ha indicado que “todo el mundo” está preocupado y descontento con la política lingüística y que es importante que la sociedad civil se movilice.
“No estamos preocupados por el castellano —ha continuado—, que hablan 450 millones de ciudadanos, sino porque se están conculcando derechos”. En su opinión, la inmersión lingüística que practican las comunidades autónomas va acompañada “de una historia falseada” y “de unos odios a lo que no es lo propio y a donde no se ha nacido”.

Además de los mencionados, firman el manifiesto Mario Vargas Llosa, Albert Boadella, Félix de Azúa, Álvaro Pombo o Luis Alberto Cuenca.

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