Santander. El pleno del Parlamento aprobó ayer por unanimidad una ley que limita la participación de los miembros del Gobierno y los altos cargos en actividades privadas cuando abandonan el cargo y abre la posibilidad de que sean expedientados y sancionados.
El proyecto de ley remitido al Parlamento por el Gobierno llegó al pleno consensuado por los tres grupos con representación en la Cámara —el PP, el PRC y el PSOE—, lo que permitió mejorar la norma, según aseguraron sus portavoces.

El consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, quien presentó la ley ante el pleno, afirmó que esta norma es el reflejo de la apuesta del Gobierno por “la transparencia en la gestión”, como único camino para lograr la “confianza” como pilar básico de relaciones entre los ciudadanos y la administración.

Esta ley, que se denomina Reguladora de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración, es “novedosa” dentro del ordenamiento jurídico, porque aunque Cataluña y Galicia ya establecieron un régimen de incompatibilidades, ninguna comunidad ahondó en el concepto de conflicto de intereses.

La ley, que consta de 26 artículos, amplía el concepto de alto cargo a todas las personas que sean designadas por decreto o acuerdo del Consejo de Gobierno, además del presidente, los consejeros y directores generales, y establece limitaciones durante su mandato y en los años posteriores al cese.

Así, ninguna de las personas sometidas a este ley podrán desarrollar actividades privadas relacionadas con los expedientes en cuya resolución intervinieron directamente en el ejercicio de sus funciones como alto cargo.

Tampoco podrán suscribir en los dos años siguientes al cese ningún tipo de asistencia técnica, de servicios o similares con la administración, los organismos, las entidades o las empresas del sector público en las que prestaron servicios ni personalmente ni a través de sociedades en las que tengan una participación superior al 10 por ciento.

El consejero explicó que con esta norma ninguna persona que ejerció un alto cargo en la administración podrá servirse de él para fines particulares.

La ley establece un catálogo detallado de infracciones y un régimen de sanciones para “no quedarse en una mera declaración de intenciones que sería simple papel mojado”, apuntó Mediavilla.

Una infracción muy grave podría suponer la inhabilitación para ocupar un cargo público por un periodo de hasta diez años.

Mediavilla destacó que esta ley opta, ante todo, por la prevención, a través de cuatro pilares: el control en el nombramiento de determinados altos cargos, un exhaustivo régimen de incompatibilidades, el obligado cumplimiento de una serie de prescripciones una vez abandonado el puesto y un sistema de declaraciones de actividades, bienes y derechos patrimoniales e intereses.

Una vez que este proyecto sale adelante, se aprobará un Código del Buen Gobierno de los miembros del Ejecutivo y de los altos cargos del sector público autonómico.

Mediavilla anunció que el Código recogerá, entre otras cuestiones, la necesaria transparencia patrimonial, la objetividad e imparcialidad como premisa básica en los procedimientos de contratación pública y el reconocimiento de los derechos patrimoniales o personales.

La Inspección General de Servicios de la Consejería de Presidencia y Justicia se encargará de ejercer el control de los conflictos de intereses.

Los diputados Luis Carlos Albalá (PP), Rafael de la Sierra (PRC) y Ruth Carrasco (PSOE), quienes participaron en la tramitación de la ley, se felicitaron por el consenso conseguido, que se materializó en la aprobación de cinco enmiendas de la oposición y cuatro transaccionales.

A través de las enmiendas, se introdujo una nueva incompatibilidad, la de consejero y senador; se estableció un límite a los regalos que pueden recibir los miembros del Gobierno y los altos cargos y se fijó como obligatorio que cada seis meses se envíe un informe al Parlamento.

Luis Carlos Albalá, del PP, declaró que esta ley permitirá a los miembros del Gobierno no sólo ser buenos, sino también parecerlo, y añadió que se rompió el 22-17 que el presidente, Miguel Ángel Revilla, anunció a la oposición que se iba a encontrar en esta legislatura.

El portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, calificó la ley de “rigurosa, innovadora, con sentido común y pionera”, destacando su importancia, a pesar de pasar “desapercibida”, y admitió que con su aprobación se ponen medios para que las irregularidades no se produzcan.

La diputada del PSOE Ruth Carrasco opinó que, con esta ley, se eleva el listón del comportamiento democrático exigible a los empleados públicos.

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