Bruselas. La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, PE, decidió ayer escribir al comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, para que resuelva todas las “dudas” sobre la legalidad y el impacto ambiental de las minas a cielo abierto en el valle de Laciana.El Ejecutivo comunitario, que tiene un procedimiento abierto para investigar la situación, está actualmente analizando la información que le facilitaron las autoridades españolas y tiene previsto seguir adelante con el caso, según indicó su representante Julio García.

En su intervención ante la Eurocámara, García explicó que el primer análisis de Bruselas dice que las actividades mineras actuales y previstas para el futuro podrían al menos suponer una “fragmentación del hábitat” de dos especies animales “en situación crítica” como el oso y el urogallo.

Por ello, aseguró que la Comisión llevará a cabo una “evaluación estricta” de las explotaciones mineras de la zona y dará especial importancia al “principio de precaución”, a pesar de que las autoridades nacionales defiendan que no hay riesgos medioambientales y que existen importantes beneficios socioeconómicos.

El concejal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Villablino, Manuel Rodríguez Barrero, denunció ayer ante los eurodiputados que las explotaciones sigan funcionando y se planteen ampliaciones cuando “ninguna tiene autorizaciones”.

En la misma línea, el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, aseguró que lo que ocurre en el valle de Laciana es el “atentado contra la montaña más importante de Europa”.

Hammerstein, que señaló que existen “40 sentencias sin ejecutar” contra las minas y “una orden de cierre que no se ha aplicado”, aseguró que las autoridades no están actuando “por presiones”.

El eurodiputado opinó que explotaciones como la de ‘El Feixolín’ de la empresa Minerosiderúrgica de Ponferrada, MSP, no tienen razón de ser tampoco como generadoras de empleo y riqueza, pues “sólo existen por las subvenciones”.

Por su parte, Iratxe García (PSOE), pidió “sensibilidad” pues, a su juicio, “el futuro de muchas personas depende de la actividad minera” y el mantenimiento de las explotaciones es “necesario” para la región. Asimismo, la eurodiputada defendió que el impacto de las minas a cielo abierto es “recuperable en un plazo de 10 a 15 años”, mientras que la “utilidad pública” de la extracción del carbón “no es cuestionable”.

Mientras, Cristina Gutiérrez-Cortines (PP) consideró que hay indicios de que las actividades mineras en León están violando varias directivas europeas y expresó su “sorpresa” por el hecho de que Bruselas no haya llevado este caso al Tribunal de Justicia de la UE antes que otros surgidos más recientemente.

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