Ibarreche logra el apoyo del PCTV en el Parlamento Vasco para su proyecto de referéndum que allane el camino a sus pretensiones secesionistas. El empate virtual entre PNV/EA/EB (33 votos) y PSOE/PP (33 votos) ha sido roto por un voto prestado del PCTV (Partido Comunistas de las Tierras Vascas). El resultado: 34 a favor, 33 en contra y 7 abstenciones.

Ibarreche mostró a España y a los españoles como una enemigo externo, autopresentándose como víctima de una opresión imaginaria. Las dos preguntas del referéndum previsto por los nacionalistas vascos para el 15 de septiembre son las siguientes:

1. ¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?”
2. ¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?

Al desafío planteado por el nacionalismo vasco, el Gobierno, por boca de María Teresa Fernández de la Vega, ha respondido que una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco, el gobierno dispone de tres meses para solicitar un dictamen al Consejo de Estado. El Gobierno ha hecho público que es más que probable que autorice la interposición del recurso el próximo viernes.

“El Gobierno respeta con estricta lealtad institucional las decisiones adoptadas por el Parlamento vasco”, anunció De la Vega y añadió que, “de igual manera, exige la misma lealtad a las normas del Estado de Derecho. Por tanto, si legítimo es plantear y aprobar cualquier iniciativa en el Parlamento vasco, también lo es impugnar esa decisión ante quien debe decidir sobre su legalidad, que es el Tribunal Constitucional”. “No tardaremos ni un día en recurrir la consulta”, apostilló.

Una vez interpuesto el recurso ante el Tribunal Constitucional se suspende de manera automática el acuerdo de la Cámara de Vitoria. Así lo prevé el artículo 161.2 de la Constitución, que dice que “el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas y que la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida”. El Tribunal Constitucional dispone de un plazo no superior a cinco meses para levantar o ratificar la decisión del Parlamento Vasco.

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