Madrid. Casi 700 personas denunciaron haber sido torturados o maltratados a manos de las fuerzas de seguridad del Estado durante el 2007, según último informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, APDHE.

De acuerdo con los datos que incluye el informe “sobre la tortura en el Estado español”, cada año se registran unas 700 denuncias, dos al día, y desde el año 2000, la APDHE tiene contabilizadas 5.142 quejas por “tortura o trato inhumano, cruel o degradante” en manos de los agentes de seguridad del Estado.

Según el informe de esta ONG, el maltrato policial es un hecho “generalizado” en España porque se da en todos los cuerpos de seguridad: policía local, nacional y autonómica, Guardia Civil, funcionarios de prisiones o de centros de menores, en todas las comunidades autónomas y entre todo tipo de colectivos: mujeres, menores, inmigrantes, ecologistas, okupas…

Por comunidades autónomas, el informe precisa que de las 689 denuncias presentadas en 2007 y comprobadas por esta ONG, 144 se interpusieron en Cataluña, 138 en Madrid, 110 en Andalucía, 100 en el País Vasco y 56 en la comunidad valenciana. Según la situación del denunciante, 227 fueron interpuestas por movimientos sociales: okupas, ecologistas, sindicalistas, nacionalistas; 102 inmigrantes, 82 presos y 43 prisioneros incomunicados.

En cuanto a los cuerpos denunciados, la mayor parte de las querellas las acumula la Policía Municipal, 215, seguida de la Nacional, 194, los funcionarios de prisiones, 84, la Guardia Civil, 76, y las policías autonómicas, 72 los Mossos y 62 la Ertzaintza.

Tras el informe, el portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, Jorge del Cura, ha presentado el Manifiesto de Madrid para la erradicación de la tortura y los malos tratos, un texto que ha sido suscrito por más de medio centenar de ONGs, con motivo del Día Mundial de las Víctimas de la Tortura.

El manifiesto sostiene que España tiene que adoptar las medidas inmediatas de protección contra la tortura que han sido recomendadas por los órganos internacionales.

En ese sentido, insta al Gobierno a establecer un mecanismo independiente que investigue las denuncias de tortura que obligue a grabar los interrogatorios en las comisarías, que colabore con los tribunales en este tipo de investigaciones y que otorgue la máxima protección a los defensores de los derechos humanos.

El manifiesto también sostiene que España debe establecer urgentemente un mecanismo nacional de prevención de la tortura para prevenir y evitar estos hechos.

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