RGM. José María Mayo seguirá batallando en los juzgados hasta que reconozcan la ilegalidad dentro de la cual opera Serfunle
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León. Pálido, ojeroso y, sobre todo, decepcionado; pero asimismo más convencido, resuelto y reforzado, si cabe, en su idea de luchar contra lo que considera un monopolio ilegal y carente de toda lógica dentro de una política de libre mercado.
Así se presentó ante los medios de comunicación el máximo responsable del tanatorio Los Jardines, José María Mayo, quien convocó una rueda de prensa para anunciar la finalización del encierro que le ha mantenido durante 168 días apartado de los privilegios de la vida en el exterior. Las diversas acciones legales que tiene preparadas y que necesitan de su presencia física en los juzgados le impelen a ello.
“No me queda más remedio que seguir exigiendo el cumplimiento de la ley y la petición de responsabilidades desde todas las instancias judiciales posibles”
El consejero delegado de la única funeraria privada de nuestra localidad recordó que desde el 2003 viene denunciando públicamente y por escrito, a los alcaldes de León, San Andrés y Villaquilambre, diferentes irregularidades producidas en la funeraria municipal Serfunle. Sus demandas fueron escuchadas por el PSOE y la UPL, que las reconocieron como ciertas y las hicieron suyas. Sin embargo llegaron las elecciones y, al acceder al gobierno del consistorio las fuerzas citadas —a partir de entonces garantes del negocio público de los muertos—, la posición experimentó un giro radicalmente opuesto.
La situación que según Mayo sufren los leoneses respecto a la imperiosa necesidad de utilizar este servicio puede considerarse de monopolio puro y duro, ya que niega cualquier posibilidad de comparar y conocer los precios establecidos y además permite un injusto incremento de tarifas a los particulares en beneficio de las aseguradoras. Merece la pena recordar que en 1998 se abolieron los monopolios y que las ordenanzas redactadas por los ayuntamientos de la mancomunidad Serfunle S.A. fueron anuladas íntegramente, al ser consideradas incitadoras al abuso de poder.
Interesados en privatizar el sector
“Doy por concluido este encierro de medio año durante el cual los alcaldes citados no han contestado a ninguno de los 30 escritos que les he remitido por registro”
Mayo hizo especial hincapié en advertir que el silencio de la mancomunidad ante las denuncias sólo responde a una asunción de la verdad que imposibilita cualquier contestación, así como a una decidida voluntad de mantener la sociedad con la empresa privada que gestiona el 49% de la entidad mixta.
“Tengo la sensación de que el alcalde de León (también presidente de Serfunle), el anterior regidor de San Andrés y el de Villaquilambre no quieren reconocer las denuncias realizadas y demostradas porque estarían obligados a retirar la concesión de Serfunle a Mémora, propiedad de la multinacional Acciona. ¿Qué otra razón puede haber para que no hayan dicho una sola palabra ante tantas acusaciones demostradas?”, advirtió a los medios congregados en el lugar que ha sido su refugio a lo largo de estos cinco meses y medio.
“Por eso también albergo la creencia de que no lo hacen, porque seguramente la mencionada Acciona ganará varias de las anunciadas privatizaciones o alguna de las importantes obras públicas que se van a realizar. Algo que daría todo el sentido a la decisión de no querer investigar en Serfunle. Si tuviera que apostar, lo haría por Acciona para llevarse jardines, obras y alumbrado”, añadió. La concesión de los servicios de mantenimiento de Serfunle a Facility Services, empresa propiedad de Acciona, parece orientarse en tal sentido.
Batería de acciones legales
Merece la pena recordar que en 1998 se abolieron los monopolios y que las ordenanzas redactadas por los ayuntamientos de la mancomunidad Serfunle S.A. fueron anuladas íntegramente, al ser consideradas incitadoras al abuso de poder
El encargado de Los Jardines, que espera abrir próximamente sus instalaciones de San Andrés, finalizó la rueda de prensa aludiendo a los motivos principales de la misma: “No me queda más remedio que seguir exigiendo el cumplimiento de la ley y la petición de responsabilidades desde todas las instancias judiciales posibles. Puesto que para ello necesito realizar personalmente numerosas gestiones que me son imposibles llevar a cabo sin un mínimo de movilidad, doy por concluido este encierro de medio año durante el cual los alcaldes citados no han contestado a ninguno de los 30 escritos que les he remitido por registro”.
Los 200 millones de pesetas cobrados de más a los leoneses por Serfunle, los 400 descontados a las aseguradoras y los 70 pagados en comisiones para conseguir defunciones han protagonizado la mayor parte de las acusaciones lanzadas por el consejero delegado de Los Jardines a lo largo de casi medio año aislado del mundanal ruido de los claxones y las voces contrarias al 29% de subida del IBI. Se abre una batalla de diferente cariz en esta guerra por los muertos.





















