Madrid. El Gobierno ha aprobado solicitar al presidente del Ejecutivo la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento Vasco que convoca una consulta sobre un diálogo para la paz y la normalización, en cuanto la ley sea publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que ha rechazado tajantemente que el Ejecutivo haya anunciado este recurso antes de que la ley se publique para evitar que el PP se adelante en la impugnación de la norma.

Según De la Vega, aunque aún no ha transcurrido el plazo de 15 días establecido por la legislación autonómica para la publicación de las normas, el Gobierno ha decidido empezar a trabajar sobre el texto aprobado por el Parlamento vasco para poder interponer el recurso en cuanto la norma se publique, “en el minuto uno”, como prometió el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional irá acompañado de una “expresa invocación” al articulo 161 de la Constitución, que prevé la suspensión inmediata de la ley recurrida y todos sus efectos jurídicos durante cinco meses, lo que impediría la celebración del referéndum el 25 de octubre. “Por lo tanto, no va a haber el referéndum inconstitucional planteado por Ibarretxe, no lo va a haber”, ha asegurado de forma rotunda la vicepresidenta.

La decisión de interponer un recurso la ha adoptado el Consejo de Ministros tras analizar el informe remitido ayer por el Consejo de Estado sobre la consulta popular, que, según De la Vega, ha avalado la posición del Gobierno al pronunciarse de forma “inequívoca” sobre la inconstitucionalidad de la ley, tanto por razones competenciales como de fondo. La vicepresidenta ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el Consejo de Estado haya coincidido en que, aunque se proclame otra cosa, “no hay duda de que lo que regula es un referéndum”, una modalidad de consulta a los ciudadanos cuya autorización la Constitución reserva a exclusiva competencia del Estado.

“El Gobierno lamenta que el lehendakari, en lugar de promover normas que sirvan para fomentar la convivencia de los demócratas en el País Vasco, haya aprobado una norma que violenta directamente la Constitución y que, lejos de unir, divide a la sociedad vasca”, ha añadido De la Vega.

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