León. Los alumnos cuyos padres hayan presentado la objeción de conciencia para la asignatura Educación para la ciudadanía no entrarán en clase cuando comience el curso. Así lo explicaba en una entrevista a Peatóm el presidente de la plataforma ‘León Educa Libertad’, Aurelio García. En la provincia hay más de dos centenares de objetores, que no consentirán “que nuestro estado nos quiera expropiar de nuestros derechos”.

Desde enero del año pasado, cuando se constituyó la primera plataforma —la de León—, se han formado otras diez asociaciones de padres objetores. Desde las diferentes provincias de Castilla y León se han presentado cerca de 3.000 objeciones de conciencia.

Aurelio García asegura que en contra de lo que se cree, el mayor problema con esta nueva asignatura no está en los contenidos sino en los objetivos que se estipulan en los reales decretos que regulan su puesta en marcha. Aurelio García explica que, por ejemplo , el real decreto de secundaria “dice por seis veces que los objetivos son formar la conciencia moral de los niños”.

Los objetores aseguran que estos objetivos chocan frontalmente con los establecido en el Artículo 27.3 de la Constitución que dice que “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, o con el 26.3 de la Declaración Universal de los derechos Humanos, en el que se especifica que “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. “Estas dos importantísimas normas dicen que la formación de la conciencia moral de los niños es cosa de la familia. No podemos consentir que nuestro estado nos quiera expropiar de nuestros derechos”, afirma Aurelio García, presidente de ‘León Educa Libertad’.

Respecto a los contenidos, Aurelio García explica que “son lesivos, están plagados de relativismo moral, de positivismo y de ideología de género, y no quiero para mis hijos ninguno de estos principios”.

Luchando contra la signatura

La primera medida que han tomado estos padres ha sido presentar ante la Junta las objeciones de conciencia. Agotarán la vía administrativa antes de recurrir a la judicial. En la asociación de León, que preside Aurelio García, esperarán a que pase el mes de julio; entonces entenderán que las resoluciones son negativas por silencio administrativo. Después acudirán a los tribunales para recurrir los reales decretos que regulan la aplicación de la asignatura. “Tenemos preparado el correspondiente recurso contra los reales decretos del estado”, asegura Aurelio García.

Los representantes de las plataformas se han reunido en Valladolid con el consejero de Educación del Gobierno regional, Juan José Mateos. Aseguran los padres que las sensaciones tras este encuentro fueron “agridulces”. Según Aurelio García, tenían “esperanzas de que admitiesen las objeciones; la primera sensación es buena buena, porque el consejero se solidariza con los planteamientos, empatiza con lo que defendemos; pero dice que no puede hacer nada, ya que admitir las objeciones sería atribuirse una competencia que dice que no tiene”.

La Junta, en su adaptación del currículo de la asignatura, ha pretendido eliminar aquellos contenidos que se refieren directamente a la educación moral de los niños, una adaptación recurrida por el Gobierno central. A juicio de las asociaciones, “el hecho de maquillar un real de decreto que ellos mismos consideran lesivo e innecesario es como hacerse cómplice o aceptarlo”.

Preocupación por sus hijos

Aurelio García explica que “cuando constituimos la plataforma pensábamos que está peligrando la educación de nuestros hijos, no hay cosa más importante que eso para nosotros. Queremos que sean felices, íntegros, buenos ciudadanos… y no podíamos quedarnos de brazos cruzados, pero establecimos unos principios básicos, somos una formación apolítica y aconfesional”. Lo que sí tienen claro es: “¿Quién va a saber qué es mejor para mis hijos, el estado o yo que en colaboración con mi mujer les hemos traído al mundo y estamos peleando día a día por ellos?”

El consejero ha garantizado a los padres “que no va a haber ningún tipo de represalia, discriminación, ni persecución”. Los centros recibirán instrucciones para que permitan a los alumnos salir de clase, pero el consejero precisó que “no puede garantizar la titulación de los alumnos cuyos padres hayan objetado”. Pero los padres creen que en virtud de la Orden de la Junta de Castilla y león 1458/2007, en su artículo 8.13, que establece que “los alumnos que por circunstancias especiales no puedan asistir a clase serán evaluados de forma diferente por el departamento”, la titulación de sus hijos está asegurada.