Madrid. El colectivo de Técnicos de Hacienda (Gestha) asegura que las empresas constructoras y promotoras “deben más de 8.800 millones a Hacienda” por impuestos de “operaciones opacas” llevadas a cabo en 2003 y cuya obligación de pagar “prescribirá el viernes 25 de julio”.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, añade que la mayoría de estas operaciones, efectuadas con billetes de 500 euros, fueron realizadas por un total de 258.200 empresas del sector inmobiliario o relacionadas con la compraventa de inmuebles. Esto, dice, pone de manifiesto “la estrecha relación existente” entre el sector inmobiliario y los billetes de 500 euros.

Gestha calcula que el “dinero negro” acumulado hasta diciembre de 2003 asciende a 23.491 millones, del que el impago del Impuesto sobre Sociedades —por el uso fraudulento de los billetes grandes— asciende en un mínimo de 8.200 millones. Este impago, añade, se debe a la práctica habitual de escriturar un inmueble por debajo del valor real del mercado con el pago de la parte correspondiente en ‘B’ en billetes de 500 euros.

Según los Técnicos de Hacienda, a esta cantidad hay que sumar 600 millones de euros procedentes de “fraudes comunes” como las tramas de facturas falsas de empresas auxiliares que ingresan entre cuatro y cinco millones de euros al año, o la emisión de facturas por valor superior al coste de los trabajos realizados por autónomos. Otro de los fraudes consiste en diferir el pago de impuestos manipulando la valoración de las existencias de inmuebles de común acuerdo entre promotor y constructor.

En opinión de Gestha, estos datos demuestran que la Ley Antifraude —aprobada hace casi dos años— no ha conseguido detectar las operaciones inmobiliarias especulativas. Por comunidades, calcula que Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia concentran el 67% del citado fraude inmobiliario. Así, de los 8.821 millones que, según Gestha, deben a Hacienda 258.200 empresas, 1.918 millones corresponden a Cataluña (56.166 empresas), 1.548 millones a Madrid (45.315), 1.352 millones a Andalucía (39.586) y 1.127,85 millones a Valenciana (33.013 empresas).

Además, asegura que la caída registrada en el número de billetes de 500 euros en circulación desde mediados de 2007 no es consecuencia del aumento de las inspecciones sino del “ajuste” del sector inmobiliario. Para atajar el fraude, Gestha considera que el ministro de Economía, Pedro Solbes, debe autorizar a buena parte de los 8.000 técnicos del ministerio a iniciar “inmediatamente” las inspecciones de las sociedades promotoras y constructoras que blanquearon dinero negro en 2003.

Además, proponen al Ministerio de Economía y Hacienda que regule la obligación del Banco de España, instituciones públicas y entidades financieras, así como individuos y sociedades que realicen actividades económicas, de presentar una declaración anual sobre aquellas personas físicas o jurídicas de las que reciban o a las que entreguen billetes de 500 euros.

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