León. Castilla y León invierte cerca de 50 millones de euros en políticas de inmigración, pero recuerdan que es el Estado el que ostenta las competencias exclusivas en esta materia, según establece la constitución, “si se quisiera hacer algún tipo de cambio en este sentido habría que reformar la constitución” ha asegurado el director general de Políticas Migratorias, Félix Colsa, quién también ha explicado que sólo existe otra alternativa o “intentar sortearla como han hecho en la reforma del estatuto de Cataluña, un tema candente porque se atribuyen competencias en materia de inmigración que vulneran la constitución, sin perjuicio de lo que opine el tribunal constitucional”.

Colsa ha presidido hoy en León la Comisión provincial de Inmigración, donde ha explicado que en Castilla y León hay 152.000 extranjeros censados, 22.819 de ellos residen en León, que se coloca como la tercera provincia de la comunidad con mayor presión migratoria por detrás de Valladolid y Burgos.

La Junta de Castilla y León invierte un total de 50 millones de euros, la mayor parte con cargo al Plan de Inmigración. Estas partidas presupuestarias se dedican a programas de integración, materializados en convenios como el de inserción lingüística en el medio rural o los protocolos con los colegios de abogados para apoyar el asesoramiento a extranjeros. Félix Colsa ha insistido hoy en que la inmigración en la comunidad autónoma lejos de ser un problema “es una oportunidad, tanto para los que llegan como para nosotros”. La aportación de la población inmigrante al PIB de Castilla y León se sitúa en el 5%, un valor similar a lo que supone la agricultura.

Respecto a la posición que la inmigración ocupa en las preocupaciones de los españoles —la tercera en el barómetro del CIS—, el director general de Políticas Migratorias, Félix Colsa, ha afirmado que “debemos cargarnos de razones para mantener a los inmigrantes entre nosotros”.

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