Leila Jacue. El gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana, Miguel Ángel Sánchez, asegura que el proceso judicial contra el acuerdo que modifica el IBI puede tardar varios años
León. Si el ayuntamiento de León tuviese que devolver el importe de la subida del IBI a los 74.000 leoneses que han presentado un recurso de reposición tendría que gastarse 7 millones de euros. Un coste que podría aumentar si se llega a la vía judicial, por gastos derivados de costas e intereses, según el gerente de la Cámara de la propiedad Urbana de León, Miguel Ángel Sánchez
El 60% de os propietarios obligados a pagar el IBI han solicitado ante el Ayuntamiento de León la devolución del aumento del impuesto. El plazo para presentar los recursos de reposición terminó el pasado 21 de Julio. Hoy se presentará el primer recurso judicial para conseguir la devolución del aumento del 30% del importe de la factura del IBI.
Si el ayuntamiento contesta, denegando el recurso se establece un plazo de dos meses para recurrir a la vía judicial
Con la presentación de los recursos de reposición se impidió que el acto administrativo de la emisión del impuesto fuese firme, esto deja abierta la vía judicial. El siguiente paso, una vez que se desestima el recurso —por silencio administrativo o expresamente— se ha de impugnar ante el juzgado de lo contencioso administrativo de León cada liquidación individual. Cada sujeto pasivo puede interponer el recurso.
Si el ayuntamiento contesta, denegando el recurso se establece un plazo de dos meses para recurrir a la vía judicial. Si no existe una contestación expresa, se entiende que el recurso se deniega por silencio administrativo, en ese caso el plazo se amplía a seis meses.
Desde la cámara de la propiedad urbana recomiendan a los vecinos que “esperen, que no tengan prisa, porque el proceso se alargará, y puede resultar desesperante”, explica su gerente, Miguel Ángel Sánchez. En los procesos de contencioso administrativo es preceptivo estar acompañado de abogado.Los clientes de la cámara de la propiedad tiene asegurada esa asistencia letrada, pero también estudian la posibilidad de habilitar algún sistema por el que asistan al resto de ciudadanos.





















