Madrid. La Fiscalía ha pedido, en sus alegaciones finales presentadas ante el Tribunal Supremo (TS), la ilegalización de ANV y PCTV por considerar que ambas formaciones han desarrollado una estrategia global de colaboración con la ya ilegalizada Batasuna, que incluye el apoyo a la violencia terrorista de ETA.

Así lo indica en las argumentaciones que hoy ha presentado la Fiscalía General del Estado ante la Sala Especial del 61 del Supremo, encargada de resolver las demandas de ilegalización de ANV y PCTV, cuya actividad política está suspendida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

En el escrito de Acción Nacionalista Vasca, el fiscal subraya que la subordinación de este partido a la estrategia de apoyo al terrorismo que realiza Batasuna se concreta en la existencia de una “caja única” para cubrir los gastos tanto de ANV como de PCTV y de la formación ilegalizada. En esa tesorería única, localizada en la sede del PCTV en Usúrbil (Guipúzcoa), confluían “los ingresos de todo orden” y desde ella se realizaban los correspondientes pagos, ya fuera para satisfacer las necesidades de las dos formaciones como para sufragar los gastos de los dirigentes de la Mesa Nacional de Batasuna o personas vinculadas a ella.

No se trata de un apoyo puntual, “ni siquiera esporádico”, sino “perfectamente diseñado” para perdurar en el tiempo, señala el Ministerio Público, para el que ANV, aprovechando las fuentes de financiación que tiene como partido legal, ha contribuido a la subsistencia económica de Batasuna y sus responsables. Se han hallado evidencias, añade, de que el respaldo económico de ANV a Batasuna ha sido “reiterado y persistente” hasta el punto de convertirse en una fuente de financiación “generalizada”. Otro de los argumentos en los que se sustenta la demanda de ilegalización es en el apoyo de ANV al terrorismo, bien legitimando las acciones de ETA o “minimizando” su significado.

Esto se comprobó, destaca, en la actitud de los grupos municipales de Barakaldo y Durango tras los atentados del cuartel de la Guardia Civil de esta última localidad vizcaína, en agosto de 2007, y los asesinatos de dos agentes del Instituto Armado en Capbreton (Francia), en diciembre de ese año. También tiene en cuenta su apoyo a la estrategia de ETA y Batasuna en la campaña contra el Tren de Alta Velocidad (TAV) en el País Vasco y la cesión de parte de las listas electorales a la formación ilegalizada en los pasados comicios locales —ANV presentó 133 listas después de que el TS le anulara 112—.

Recuerda, además, que cuando el Tribunal Constitucional señaló que la ilegalización de ANV podría resultar “desproporcionada” teniendo en cuenta sólo la “contaminación parcial” de sus listas electorales en ese momento, previo a las elecciones municipales de mayo de 2007, no había otros elementos probatorios, que ahora sí existen, tal como sostiene el Ministerio Público. Respecto al PCTV, que cuenta con nueve diputados en el Parlamento vasco, la Fiscalía determina su relación con Batasuna desde que ETA rompió la tregua el 5 de junio de 2007, momento que, según el escrito, supone un cambio en la actividad de ese partido con un “paulatino acercamiento” a la formación ilegalizada, “que se irá traduciendo en una colaboración cada vez más estrecha”.

Esta vinculación culmina con la “puesta a disposición” de Batasuna de la propia actividad de los responsables del partido, lo que implica su capacidad de comunicación y presencia pública en el Parlamento de Vitoria, “sometiendo” su discurso político a las “concretas instrucciones” de los dirigentes del partido ilegalizado. Para el fiscal, este hecho “excede por completo de la eventual coincidencia o afinidad de planteamientos ideológicos” y se manifiesta en la “instrumentalización” de un partido político “al servicio de los proyectos, los mensajes y los fines de la organización disuelta”.

El Ministerio Público sustenta esta colaboración en diversas reuniones de miembros de Batasuna en la sede que el PCTV tenía en Usúrbil, donde habitualmente, según las vigilancias policiales, acudían los dirigentes Arnaldo Otegi, Joseba Permach o Tomasa Alejandro, todos ellos en prisión. La Fiscalía utiliza los mismos argumentos que en su demanda contra ANV para establecer la conexión económica entre ese partido, Batasuna y PCTV y añade que éste ha otorgado también una “aparente cobertura laboral” a los miembros de la Mesa Nacional y les ha retribuido por dicho concepto.

Así, el escrito detalla que de las 49 personas que tenía contratadas el PCTV, 16 formaban parte de la dirección de Batasuna y el resto estaba vinculado “en mayor o menor medida” con la formación ilegalizada.

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