Madrid. El Gobierno aprobará el próximo otoño un proyecto de ley que incluirá una serie de medidas para evitar que los delincuentes no rehabilitados que hayan cumplido su condena “puedan campar por sus respetos sin ningún tipo de control y dejen a la sociedad en un estado de indefensión”.

Así lo anuncia en una entrevista el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que asegura que “la sociedad tiene derecho a defenderse” de este tipo de delincuentes, y añade que las medidas —que cuentan con el respaldo del PP— tratarán de “amparar mejor” a las víctimas, incluidas las del terrorismo.

Casos como el del violador de la Vall d’Hebron o el del etarra José Ignacio de Juana Chaos han puesto de manifiesto la falta de medidas de control de este tipo de delincuentes una vez que han cumplido su condena, ¿qué se puede hacer al respecto?

Hay un principio de acuerdo con el PP y con el resto del arco parlamentario para, por un lado, reformar el Código Penal y adecuar la respuesta penal al reproche social que merecen delitos como la pederastia y, por otro, para evitar que determinados delincuentes que cumplen su pena y no tienen pronóstico de reinserción positivo puedan campar por sus respetos sin ningún tipo de control y dejen a la sociedad en un estado de indefensión.

¿Qué medidas concretas podrían aplicarse en esos casos?

Estamos estudiando diversas soluciones post-delictivas de control, como limitaciones de libertad que pueden añadir medios electrónicos de seguimiento, pero también medidas coactivas para, si se puede, obligar a tratamientos médicos a este tipo de delincuentes.

¿Y en el caso de los terroristas?

También hay acuerdo acerca de la necesidad de proteger a las víctimas de un modo adecuado y ver si existen resquicios en la ley por el que se cuelan determinadas situaciones que no queremos aceptar, situaciones en que las víctimas sufran algún proceso ulterior de revictimización.

El Código Penal actual ya contempla medidas muy eficaces como la de alejamiento, pero no puede aplicarse a los que fueron condenados con el anterior y es obvio que no se puede violar la ley, hay que aplicar la que había anteriormente. De lo que se trata es de ver si el actual Código tiene todavía algo que afinar en esto, por ejemplo imponiendo obligatoriamente que los tribunales acuerden la medida de alejamiento, que ahora es potestativa.

¿Por qué no se ha pensado en este tipo de medidas hasta ahora, cuando se ha sabido que el etarra De Juana residirá muy cerca de varias víctimas de ETA?

Nunca podemos legislar a golpe de emociones, no es ese el contexto en el que estamos. Cuando hablamos ahora de seguir puliendo el Código Penal no tiene que ver exactamente con un titular, sino con una situación en que yo creo que se dan unas circunstancias específicas y que creo que se pueden volver a dar.

Cuando hay un terrorista que sale y del que tenemos constancia de que no existe ningún tipo de actitud de arrepentimiento y puede haber un evidente pronóstico negativo de reinserción social, hay que ver si queda algo por hacer y en eso estamos, intentando articular mecanismos que amparen mejor a las víctimas, a las que no debemos obligar a convivir al lado de quien fue su agresor.

¿En qué va a consistir la reforma del Código Civil en relación con las personas condenadas por maltrato?

La sociedad demanda que alguien que ha sido condenado como maltratador no pueda verse en un momento posterior en una situación de ventaja en relación con su víctima. En el ámbito hereditario se ve muy claro: parece que si alguien es condenado por maltrato, eso debe ser causa suficiente para que no herede de su víctima o no pueda resultar beneficiario de un seguro de vida.

El próximo mes de septiembre se producirá previsiblemente, con dos años de retraso, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿está cerrado el acuerdo definitivo?

Como en toda negociación, hay un pacto de discreción. La buena noticia es el acuerdo de llegar a un acuerdo, porque urge ya renovar este Consejo, que tiene un cansancio mucho más profundo del que suele hablarse.

Si finalmente el reparto es de 9 vocales para el PSOE y 9 para el PP, ¿no existe el riesgo de que se repita la actual división en dos bloques?

Debemos evitar que se repita una situación de polarización como la que ha habido y nada mejor para que eso no ocurra que el pluralismo, dando entrada a asociaciones que tienen gran representatividad en el ámbito judicial y a los grupos parlamentarios con representación suficiente en el Parlamento y no dejarlo sólo en cosa de dos.

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