Madrid. La consejera madrileña de Educación, Lucía Figar, ha pedido hoy al Tribunal Supremo que dicte una sentencia “lo antes posible” que reconozca o no el derecho de los alumnos objetores a Educación para la Ciudadanía y acabe “con las incertidumbres que afectan a todas las Comunidades Autónomas”.

Figar ha respondido así a la petición realizada por los padres que han presentado objeción de conciencia para que sus hijos no cursen esta asignatura, en la que solicitaban a la Comunidad que admitiese oficialmente y por escrito las objeciones. La consejera afirma que está en contacto con las plataformas que promueven la objeción y se mantienen a la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia porque, según Figar, la incertidumbre actual “está creando un gran malestar en los equipos educativos”.

Asimismo, ha asegurado que los centros educativos deben garantizar la adecuada atención de aquellos alumnos que no asistan a las clases de Educación para la Ciudadanía y ha recalcado que, en ningún caso, podrán salir del centro mientras se imparta esa asignatura.

Efectos de la Objeción

La ministra de Educación, Política Social y Deportes, Mercedes Cabrera, ha advertido de que no asistir a la clase de Educación para la Ciudadanía “tiene los mismos efectos” que no cursar la asignatura de Matemáticas.

Tras presentar al Consejo de Ministros el Plan Educa-3 —que prevé crear 300.000 plazas entre 2008 y 2012—, Cabrera ha asegurado que la asignatura de Educación para la Ciudadanía se está impartiendo con “absoluta normalidad” en las comunidades autónomas.

Durante el curso académico 2008-2009, la materia se extenderá a todos los territorios autonómicos, ha recordado la ministra de Educación, quien ha defendido los contenidos de la asignatura.

A pesar de que algunos padres han presentado recursos ante la Justicia, los tribunales “responderán y el Tribunal Supremo probablemente adoptará la decisión final”, ha añadido Cabrera.

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