León. A una semana de que de comienzo el curso escolar los conflictos que se han planteado con la nueva asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’ aún no se han resuelto.

En España se han presentado un total de 43.949 objeciones, de las cuales 11.531 corresponden a la comunidad autónoma de Madrid, seguidas por las 8.876 de Castilla La Mancha, las 7.334 que se presentaron en Andalucía, 5.526 en la Comunidad Valenciana, 3.895 en Murcia y 2.824 en Castilla y León, de las que 184 corresponden a las presentadas el pasado mes de abril en León.

En el caso de Castilla y León, la Junta no notificó a los afectados hasta mediados de agosto que denegaba dichas objeciones.

En este momento, la asociación ‘León Educa Libertad’ está canalizando los recursos de reposición que se presentarán la semana que viene, a la espera de que la comunidad resuelva en el plazo de 20 días para posteriormente ir al juzgado. “Ese recurso supone que la comunidad tiene que resolver en 20 días, y después, en 10 días poder ir al juzgado”, ha manifestado Luis Lobato, abogado de la asociación, en una entrevista con Peatóm.

A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia resuelva estos recursos de reposición, la asociación pedirá medidas cautelares de las que ya existen sentencias favorables a los objetores en comunidades como Andalucía, La Rioja, Valencia, Asturias, Huesca y Castilla La Mancha.

“En este proceso como medida cautelar se pide que el alumno no vaya a clase” ha explicado Luis Lobato. “En el caso de aquellos alumnos que han presentado los recursos, cuando empiece el curso, lo pondrán en conocimiento del director”.

Según Lobato, la consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha manifestado que dará instrucciones para que los directores de centro respeten esas objeciones. Los alumnos quedarán bajo la custodia del centro, pero sin cursar la asignatura, a la espera de que la justicia resuelva las sentencias.

Otro problema que se presenta en Castilla y León, es el doble frente, de un lado el anuncio de los objetores de recurrir a la vía judicial en defensa de sus derechos y de otro, la posición del Gobirno Central que ha recurrido el Decreto de Contenidos Mínimos de la Junta. Los Decretos de contenidos mínimos es una competencia de las Comunidades Autónomas para completar el curriculo de cada asignatura. Usando dicho derecho La Junta adelgazó la carga doctrinal de la asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’ sin satisfacer, de todos modos, las exigencias mínimas de las asociaciones y plataformas de Castilla y León ‘Educa Libertad’.

En otros países europeos existe la asignatura de Educación para la Ciudadanía pero “vacía de contenido moral”, mientras que en la materia que se plantea cursar en España tiene aspectos de fondo como la evaluación de comportamiento, el relativismo moral, el positivismo jurídico o la ideología de género, con los que no están de acuerdo. “El Estado no tiene derecho a educar moralmente a nuestros hijos”, ha concluido Luis Lobato.

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