Madrid. La portavoz de la iniciativa Derecho a Vivir (DAV), Blanca Escobar, acusa al Gobierno de negligencia por dejar que “los matarifes del aborto actúen impunemente” tras el descubrimiento de un centro abortista clandestino en un piso del barrio madrileño de Carabanchel habitado por un matrimonio de nacionalidad china.

Así, Escobar lamenta “el número de mujeres que están siendo víctimas de matarifes sin escrúpulos por la dejación negligente del Gobierno en su obligación de hacer cumplir la ley”.A su juicio, la denominada “industria abortista” está “encantada” con la actuación del Ejecutivo, que “ha hecho más ricos a sus propietarios (…), promueve la cultura de la muerte y se desentiende de las mujeres”.

:: El derecho a una maternidad informada

El hallazgo del piso de Carabanchel demuestra para la organización que “las mujeres son las primeras víctimas de la política irresponsable del Gobierno contra el derecho a una maternidad informada y segura”. Asimismo, el colectivo dice que “lo que tiene que hacer” el Gobierno no es hacer una nueva ley de interrupción del embarazo, sino “velar por el cumplimiento de la Ley del Aborto vigente y perseguir con toda la fuerza del Estado a quienes la incumplen”.

En esta línea, DAV lamenta la “pasividad” del Ministerio de Igualdad ante casos como el de la menor a la que se le practicó un aborto a bordo del barco que salió del puerto de Valencia hace una semana y que la organización califica de “barco de la muerte”. Para el colectivo, el Gobierno “está alentando este tipo de rituales” y responsabiliza “por omisión” a la ministra de Igualdad Bibiana Aído y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba “de la impunidad con la que ha actuado el barco abortorio y todos los abortorios que vulneran la Ley en España, enriqueciéndose a costa de los inocentes y exponiendo la vida y salud de cientos de mujeres”.

:: Una reglamentación “coladero”

El presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, asegura que el caso del piso en Carabanchel les es la “constatación” de una reglamentación “coladero”. Hertfelder consideró, que se trata de una noticia “triste” por dos motivos: por ser la “constatación” de una reglamentación “coladero” actual y de la negligencia de las administraciones para perseguir estos abortos clandestinos que “permite y provoca el lucro de ciertas personas sin escrúpulos a costa de las mujeres”.

En segundo lugar, por ser “constatación” de que “al Gobierno actual no le importa ni la mujer ni su problemática, ya que en vez de aplicar medidas que intenten amortiguar y reducir esta problemática lo que anuncia es: por una parte, una ley de confidencialidad que “garantizará y protegerá a los que practican abortos ilegales” y por otra parte, el anuncio de la nueva ley del aborto, que “en vez de resolver esta situación, lo agravará y acrecentará”.

Con todo, desde el el Instituto de Política Familiar se pide al Gobierno una “rectificación inmediata de estos proyectos regresivos”.

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