Objeción a EpC. Profesionales por la Ética ha hecho balance de la objeción a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Hasta la fecha se han presentado 50.000 objeciones, más de 1.600 recursos y han recibido amenazas y humillaciones. Profesionales por la Ética cree que Educación para la Ciudadanía ha provocado 3 años de daño moral. Así lo ha explicado la coordinadora de la campaña de objeción de EpC, Leonor Tamayo, quien además, se muestra convencida de que el Tribunal Supremo les dará la razón. “De otra forma -aseguran- se vulneraría el artículo 27 de la Constitución”.
Los objetores han presentado 1.682 recursos: la mayoría en la Comunidad de Navarra (362), seguida de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Galicia
De esa manera desaparecía la asignatura, tras una batalla desigual en la que el Gobierno y, sobre todo, el Ministerio de Educación han hurtado a los padres el derecho, incluso a ser escuchados, ha dicho Jaime Urcelay, presidente Profesionales por la Ética. En vísperas de la sentencia del Tribunal Supremo, el 26 de enero, sobre el derecho a objetar a Educación para la Ciudadanía, Profesionales por la Ética ha presentado los últimos datos judiciales.
Los objetores han presentado 1.682 recursos: la mayoría en la Comunidad de Navarra (362), seguida de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Galicia. Un total de 288 fallos han sido favorables a los padres objetores, mientras que 29 niegan el derecho a objetar. Leonor Tamayo, asegura que muchos los alumnos objetores han sido maltratados, presionados e incluso insultados en estos últimos tres años.
Jaime Urcelay está convencido de que el Supremo les dará la razón: “recortar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales atenta contra la Constitución y contra los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. El coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, ha explicado que hasta ahora los fallos judiciales han dado abrumadoramente la razón a las familias objetoras.
Denuncian que se han presentado más de 50.000 objeciones de conciencia y aún no han sido atendidos por la ministra de educación, Mercedes Cabrera.
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