Objeción. El Tribunal Supremo delibera sobre la objeción a EpCEl pleno del Tribunal Supremo decide a esta hora sobre los recursos interpuestos por varios padres de alumnos que objetaron a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) y de la Junta de Andalucía, contra cuatro resoluciones de los tribunales superiores de justicia de Asturias (tres) y de Andalucía (una).Se espera que el fallo sea favorable, ya que el balance actual habla de una gran mayoría de sentencias en defensa de los padres frente a unas pocas que dicen lo contrario.

El Alto Tribunal deberá decidir, por un lado, si da o no la razón a los padres asturianos, a los que el TSJ de esta comunidad les denegó el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura por entender que ni la regulación jurídica de la misma, ni sus contenidos, vulneran derechos fundamentales. Asimismo, indicaba que para el desarrollo de la materia se ha tenido en cuenta la autonomía de los centros para adaptar los contenidos a su ideario, así como la libertad de cátedra del profesorado. Sin embargo, el Supremo también tendrá que hacer frente al recurso elevado por la Junta andaluza, que se oponen a la decisión de los magistrados TSJ de Andalucía, que fallaron a favor de unos padres, a los que permitió objetar y dejó que su hijo quedara exento de ser evaluado. El TSJA alegaba que los contenidos que fija el Gobierno “vulneran el derecho de los padres a educar a sus hijos en la formación religiosa o moral de acuerdo con sus propias convicciones”.

El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ya ha comunicado que acatará la decisión del Supremo y que con ella confía en que termine la polémica. Por su parte, las asociaciones opositoras han anunciado que si el Supremo no avala su postura, recurrirán al Constitucional. Según el recuento de este colectivo, se han presentado un total de 1.682 recursos judiciales, de los que cerca de 300 les fueron favorables, mientras que otros 29 negaban el derecho a objetar, y 33 se fallaron en contra por falta de pruebas.

Asimismo, aseguran que las objeciones superan las 50.000. Este número hace pensar, según Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, que hay límites que no se pueden traspasar.

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