Cuestión de Libertad, fue el tema del II Encuentro Nacional de Objetores a Educación para la Ciudadanía, celebrado en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria, ha contado con la asistencia de 1.050 personas procedentes de diversas ciudades españolas. Durante el ecuentro se sucedieron conferencias, testimonios y actividades familiares. Los alumnos objetores han celebrado un Encuentro paralelo a cargo del profesor Carlos Jariod, presidente de la Asociación Educación y Persona. En el transcurso del día se ha celebrado una comparecencia ante los medios de comunicación en la que participaron:

· Lourdes Ruano Espina, catedrática de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Salamanca, quien ha puesto de manifiesto que las 4 sentencias recientemente dictadas por el Tribunal Supremo en materia de objeción a Educación para la Ciudadanía (EpC) son fruto de un forzado consenso en numerosos puntos, y eso se traduce en múltiples contradicciones. A pesar de negar el derecho a la objeción de conciencia, las sentencias especifican que cuando los proyectos educativos, libros de texto o explicaciones incurran en adoctrinamiento, los padres pueden exigir el derecho a la tutela judicial efectiva ante los Tribunales contencioso administrativos, que podrán dictar medidas cautelares. También ha indicado que el hecho de que la EpC sea ajustada a derecho no autoriza a la Administración educativa —ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores— a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas.

· José Ignacio Martínez, portavoz del Foro de Laicos Asidonia Jerez ha expuesto la situación en Andalucía, Comunidad en la que existen 16 plataformas de objetores y se han presentado 8.400 objeciones a pesar de las presiones, amenazas e incluso coacciones a los objetores por parte de la Junta de Andalucía. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado más de 50 sentencias favorables al derecho de objeción de conciencia a estas asignaturas, estando además más de 200 recursos judiciales pendientes de resolver.

· Ramón Novella, presidente de Profesionales por la Ética en Cataluña, ha recordado que en esta Comunidad Autónoma se han presentado unas 1 000 objeciones. Además, los padres objetores han interpuesto 181 recursos ante diferentes instancias judiciales; Novella ha recordado que en Cataluña no se ha emitido sentencia alguna sobre el derecho a la objeción a EpC aunque el Tribunal Superior de Justicia dictó un Auto inadmitiendo la tramitación de 5 recursos por la vía de los derechos fundamentales; estos Autos han sido recurridos ante el Tribunal Supremo.

· David González, portavoz de la plataforma Lugo Educa en Libertad, ha recordado que los motivos de los padres objetores se encuentran en los artículos 27.3 (Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones) y 16.1 de la Constitución Española (Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos…). «Los padres objetores», ha afirmado, «no hacen otra cosa que defender la libertad de todos frente a todos aquellos que quieren imponer un pensamiento único». González ha asegurado que con asignaturas como estas se pretende controlar las conciencias ya que el bloque de materias denominado EpC se propone construir la moral de los alumnos, lo cual supone un claro intento de adoctrinamiento y una expropiación del derecho constitucional de los padres.

· Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, quien ha manifestado que expuesto el plan de acción que es evidente que en torno a EpC existe un conflicto social que no se resuelve con las sentencias del Tribunal Supremo que resuelven 4 recursos judiciales. Urcelay ha recordado que existen 1700 procedimientos judiciales en marcha y un movimiento social, el de los padres objetores, que va a seguir utilizando todas las vías legales a su alcance para defender las libertades ideológica, de conciencia y de educación. «Este conflicto», ha asegurado, «se produce por una imposición gubernamental ya que desde diferentes plataformas y asociaciones se han solicitado al menos 5 entrevistas (desde septiembre de 2006) con el presidente del Gobierno y con las sucesivas ministras de Educación para abordar este asunto. Entrevistas que han sido sistemáticamente denegadas». Por último, Urcelay ha presentado, a modo de plan de acción, los instrumentos legales que ofrecen las sentencias del Tribunal Supremo para defender los derechos de los padres que han objetado a Educación para la Ciudadanía (Ver documento adjunto, Plan de Acción).

:: Plan de Acción para avanzar en la Libertad de Conciencia y el derecho a la libre educación de sus hijos

1. Corresponde a los padres la decisión última respecto a los medios e instrumentos legales a utilizar en defensa de sus derechos y libertades.
2. Ante la Administración educativa estatal o autonómica podrán solicitar, de acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo sobre el derecho a objetar a Educación para la Ciudadanía, la revisión de los decretos autonómicos que desarrollan EpC y en su caso retiren los libros de texto y materiales de carácter adoctrinador.
3. Podrán instar a los responsables políticos y los legisladores de las respectivas Comunidades Autónomas a que reconozcan el derecho a objetar a EpC mediante normativa autonómica.
4. Pueden presentar recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional en el caso de las 4 sentencias emitidas por el Tribunal Supremo respecto al derecho a objetar a EpC.
5. En las Comunidades Autónomas sin fallos judiciales sobre el derecho a objetar o con fallos favorables a los objetores se podrán presentar recursos judiciales cuando exista denegación de la objeción por resolución administrativa de la Comunidad Autónoma.
6. Se mantienen vigentes los recursos judiciales presentados contra los decretos autonómicos que desarrollan EpC en Andalucía, País Vasco, Cataluña, Extremadura y Castilla-La Mancha.
7. Se pueden presentar recursos judiciales que anulen determinados libros de texto, materiales y proyectos educativos y actos concretos de adoctrinamiento escolar.
8. Ante los centros educativos, se deberá exigir la programación de las asignaturas de EpC así como el detalle de materiales didácticos que va a utilizar el alumno y el docente para impartirlas.
9. Pueden permanecer fuera de clase de EpC los alumnos objetores amparados por fallo judicial o resolución administrativa favorable.
10. Si los padres deciden que sus hijos vuelvan a clase de EpC, podrán solicitar información detallada de la programación, libros de texto y materiales didácticos que se vayan a utilizar para impartir este conjunto de asignaturas. Se informará a la comunidad educativa y a la opinión pública en general acerca de los libros de texto, materiales didácticos y actos adoctrinadores llevados a cabo por los centros educativos.

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