Derecho al olvido. Una opinión vertida en un foro, un multa expedida y publicada en B.O.E., ficheros de morosos e incluso fotos etiquetadas en redes sociales puede suponer un perjuicio para muchos usuarios que, por ejemplo, estén aplicando para un puesto de trabajo. Un nuevo portal dirigido por el abogado Miguel Juan Cobacho López, ofrece a los internautas la posibilidad de contratar sus servicios para eliminar informaciones que puedan haber vertido datos perjudiciales para el cliente. Además, el espacio garantiza la devolución del dinero en caso de que no haya éxito con la tramitación del expediente. Ante una disputa contra un tercero el portal ofrece asesoramiento legal por 50 euros, mientras que para los expedientes y denuncias tramitados ante la Agencia de Protección de Datos el precio es de 90 y 190 euros, respectivamente. Si bien, el internauta puede en la mayoría de ocasiones tramitar el expediente por sí mismo tras recibir asesoramiento si prefiriese que los expedientes sean tramitados directamente por un abogado, en su representación, deberá pagar un plus de 50 € en cada uno de los servicios.

Según los responsables del portal, estos servicios vienen respaldados por una experiencia “pionera” en España, al haber conseguido por primera vez que se modificaran los datos de un particular del Boletín Oficial, en la que se sustituyeron nombre y apellidos por asteriscos. Según los datos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) el crecimiento de estas denuncias ha sido exponencial. Mientras que en 2007 la agencia tramitó dos peticiones para reclamar el llamado “derecho al olvido” en Internet en el año 2009 recibieron cerca de 60.

Por su parte, la AEPD ofrece gratuitamente este tipo de asesoramiento a todos aquellos ciudadanos que se dirijan a consultar “cualquier duda al respecto” o con la intención de presentar alguna denuncia. “En una economía de mercado abierta como la nuestra cualquier ciudadano puede elegir libremente acudir a este tipo de servicios cualesquiera sean sus razones, pero nosotros ofrecemos el asesoramiento de manera gratuita, sin intermediarios ni relación alguna con empresas o bufetes”, comentó el director de la AEPD, Artemi Rallo.

:: Los datos de la red, el caso noruego e italiano

La privacidad se está convirtiendo en un tema controvertido en la Red. En los últimos años la obsesión muchos internautas, tanto particulares como organizaciones, ha sido tener una presencia en Internet a toda costa. No obstante, la proliferación de redes sociales y la publicación digital de documentos oficiales ha hecho que una simple búsqueda en Google arroje más información sobre un individuo que una entrevista cara a cara. La tendencia se invierte, se quieren publicar datos, pero con control sobre ellos.

Los grandes agentes de Internet como Facebook o Google (Buzz) se han encontrado con una fuerte oposición cuando han promovido soluciones de ’software’ que convertían en pública información que los usuarios no quieren compartir con todo el mundo. Sin embargo, los buscadores, también juegan un papel esencial en toda esta polémica.

Google o Bing, los dos grandes servicios de búsquedas de Internet son meros indexadores de información que atienden, en ocasiones, peticiones para eliminar material que vulnere la ley en determinados países. El conflicto surge porque delimitar el rango de búsqueda de Google o Bing haría que el servicio perdiese su sentido como tal pero, dejar todos los datos al alcance de cualquiera, también supone un problema para los ciudadanos que, al final, dependen de la decisión de sus respectivos gobiernos, como ocurrió en el caso de Italia y Noruega.

En el país nórdico se publican anualmente los datos personales de todos sus ciudadanos: ingresos, dirección o saber si, por ejemplo, alguien forma parte del consejo de dirección de una empresa, y sus relaciones con otros miembros del mismo consejo. Todo es abierto, público y al alcance de cualquier ciudadano. Incluso hay medios de comunicación que proporcionan herramientas para compara los ingresos de los amigos que se tienen en Facebook.

Sin embargo, esta iniciativa, que en Noruega tiene detractores, se puede convertir en una auténtica tormenta en otros países, como ocurrió hace dos años en Italia. En el año 2008, el gobierno italiano daba luz verde a la iniciativa de Hacienda de publicar en Internet los ingresos de sus 40 millones de ciudadanos pertenecientes al ejercicio fiscal 2005. En unas pocas horas, el portal de Hacienda italiano estaba saturado mientras que la agencia de protección de datos del país transalpino ordenaba el cierre de la página.

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