Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU debatió ayer la adopción de nuevas medidas para profundizar en la lucha contra la lucrativa industria del tráfico humano, que cada año afecta a una media de 2,4 millones de personas y genera 32.000 millones de dólares de ganancias. El presidente de la Asamblea General, el macedonio Srgjan Kerim, instó a los 192 países miembros de la organización a poner en práctica mecanismos para proteger y asistir a las víctimas, al tiempo que se persigue a quienes las explotan.
“Es imperativo que, dada la naturaleza del problema, cada país se mantenga firme ante el tráfico humano, porque nuestra capacidad de combatir este asunto es tan efectiva como lo es la fortaleza del eslabón más débil de la cadena”, apuntó en su intervención ante la Asamblea General.

Consideró que la iniciativa lanzada por las Naciones Unidas en 2007 para combatir este crimen, además de las acciones de la Asamblea General y organismos regionales, son “contribuciones valiosas” que todavía no han dado un fruto suficiente. “Por tanto, nos tenemos que preguntar por qué con todas estas leyes y acuerdos internacionales en efecto el problema se agrava”, señaló.

Aseguró que hay una gran brecha entre las intenciones y “los hechos sobre el terreno” en la lucha contra el tráfico humano, que explota la actual interconexión del planeta para satisfacer ilícitamente la demanda de “mano de obra barata”.

Kerim hizo referencia a un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que cifró en 32.000 millones de dólares los ingresos anuales de las organizaciones implicadas en esta forma de “esclavitud moderna”.
El debate contó con la participación de dos invitados especiales, la actriz y activista estadounidense Ashley Judd y el ministro de Estados para Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Anwar Gargash, que preside el comité creado en su país para responder a este fenómeno.

Los EAU se vieron obligados a tomar cartas en el asunto, tras verse implicados en un escándalo internacional de tráfico de niños asiáticos hacia los países ricos del Golfo Pérsico para que ejercieran de jinetes en carreras de camellos. Gargash señaló que en su país hace tiempo “ni se podía imaginar” que fuera escenario de ese delito, pero desde entonces ha implementado normas para perseguirlo y programas para socorrer a sus víctimas.

“Las medidas contra el tráfico humano de los EAU comparten las prioridades de la ONU de concienciar sobre este problema, promocionar la colaboración internacional y afrontarlo colectivamente”, apuntó.
Indicó que las fuerzas de seguridad de su país abrieron 10 investigaciones entre noviembre de 2006 y diciembre de 2007, y que para cinco de ellas ya se han fijado condenas que van de 3 a 10 años de cárcel.

Por su parte, Judd exhortó a los Gobiernos a redoblar sus esfuerzos en esta materia en colaboración con las Naciones Unidas y mencionó los casos de víctimas que ha conocido durante su labor como embajadora de organizaciones humanitarias.

En una posterior conferencia de prensa, la actriz estadounidense aseguró que “se tropezó” con este fenómeno durante su visita a países en desarrollo para proporcionar asistencia a mujeres y promover sus derechos.
“Les aseguré a esas personas que, como mínimo, contaría sus experiencias y me complace poder hacerlo aquí en la ONU”, agregó.

Según datos de la ONU, el 56% de las víctimas de este delito trabajan esclavizadas en Asia, el 10,8% en países industrializados y otro 10% en Latinoamérica y el Caribe. Unos 1,2 millones de las personas afectadas son menores, mientras que la mayoría no supera los 24 años.

Unos 160 países se han visto involucrados en las redes de estas organizaciones por ser puntos de partida, de paso o de destino. Ante estas cifras, la ONU recalca que en 2006 solamente se dictaron en todo el mundo 3.160 condenas, lo que supone una media de una sentencia por cada 800 víctimas del tráfico humano.

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