Río de Janeiro. La policía brasileña detuvo hoy a 17 personas, entre ellas el cónsul honorario de España en la ciudad de Joinville, Antonio Escorza Antoñanzas, en una operación contra un grupo acusado de comercializar piezas de contrabando para máquinas tragaperras, según informaron fuentes oficiales.

Escorza Antoñanzas, que fue detenido junto con su hijo, es considerado uno de los jefes del grupo, según indicó la Policía Federal. “La Justicia ordenó el arresto preventivo del cónsul, de su hijo, de su abogado y de otra persona que está en el exterior, a los que se considera cabezas del grupo, por lo que inicialmente tendrán que permanecer presos al menos mientras concluye la investigación”, sentenció un portavoz de la Policía Federal en el estado de Santa Catarina.

Por su parte, un portavoz de la embajada de España en Brasilia dijo que “la situación está siendo analizada por el cónsul de España en Porto Alegre, en cuya jurisdicción está Joinville” y añadió que “por ahora no podemos confirmar nada”.

Según la Policía Federal, la llamada ‘operación Carta Final’ movilizó 250 agentes en los estados brasileños de Santa Catarina, Bahía, Río Grande do Norte y Pernambuco. Joinville es una de las principales ciudades de Santa Catarina, estado en el sur de Brasil.

Durante el operativo fueron llevadas a cabo 48 órdenes de allanamiento en diferentes residencias y oficinas, e intervenidos inmuebles, 33 cuentas bancarias y diferentes vehículos y embarcaciones. La organización fabricaba con las piezas de contrabando máquinas tragaperras y las vendía en Brasil, en donde están prohibidas.

Las autoridades brasileñas también acusan al grupo de exportar ilegalmente las máquinas a países como México, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay.

Con la investigación se averiguó que había policías “corrompidos por la organización para que no reprimiesen la explotación de máquinas tragaperras pertenecientes al grupo”. La formación, explicó la Policía Federal, obtenía elevadas ganancias que ocultaba en el sistema financiero brasileño mediante depósitos y retiradas sin comprobación de origen y a través de la apertura de varias empresas ficticias o a nombre de testaferros.

Los detenidos están acusados de haber adquirido con los recursos ilegales cerca de un centenar de inmuebles en las ciudades de Joinville y Balneario Camboriú, también en el estado de Santa Catarina y en donde fueron arrestados 14 de los 17. La Policía Federal informó igualmente de que pidió colaboración de autoridades extranjeras para detener a otras dos personas que se encuentran fuera de Brasil.

Los detenidos serán acusados formalmente de los delitos de asociación para delinquir, contrabando, evasión de divisas, evasión fiscal, falsificación, corrupción activa y lavado de dinero.

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