Madrid. Martinsa-Fadesa ha arrastrado al concurso voluntario de acreedores a seis de sus filiales, una situación que el Gobierno considera que no tiene por qué contagiarse al resto del sector, mientras acreedores, clientes y trabajadores de la inmobiliaria se preparan para defenderse en el proceso concursal.

Después de que la sociedad matriz solicitara ayer la suspensión de pagos, seis de sus filiales (Jafemafe, Inmobiliaria Mar Plus, Fecler, Inomar, Town Planning Consultores y Construcciones Pórtico) han hecho hoy lo mismo para evitar el embargo por parte de los bancos acreedores. Estas seis filiales fueron puestas como garantía del préstamo de 4.000 millones de euros que en su origen sirvió para pagar la compra de Fadesa por parte de Martinsa, que posteriormente fue refinanciado y cuya devolución anticipada podría haber sido solicitada por los bancos de no haberse solicitado el concurso voluntario de acreedores.

Desde la compañía descartaron que esta situación pueda afectar a alguna de las filiales a través de las que Martinsa-Fadesa está presente en Portugal, Marruecos, Rumanía, Polonia, Francia, Bulgaria, México, República Dominicana, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Reino Unido, Irlanda y Alemania. En alguno de estos países los clientes de la inmobiliaria han manifestado su preocupación por la situación de la compañía en España, como le ha ocurrido a una de sus principales filiales, Fadesa Maroc, participada a partes iguales por Martinsa-Fadesa y por una sociedad vinculada a la familia real marroquí.

Esta situación es contemplada con distancia por el Gobierno, que se muestra contrario a una intervención, ya que —según dijo el vicepresidente económico, Pedro Solbes— resulta “muy difícil de justificar” el uso del dinero de los impuestos para ayudar a empresas con “mala suerte”. No obstante, Solbes reconoció que desde el Ejecutivo se ha intentado “echar una mano” a la inmobiliaria a través de un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), algo que no fue posible porque Martinsa-Fadesa no tenía ninguna inversión que justificara la ayuda de este organismo.

En esta línea, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, dijo que el Gobierno estudia la posibilidad de comprar suelo a promotoras e inmobiliarias para construir vivienda de protección oficial y de paso dotar de algo de liquidez a las compañías del sector. Asimismo, Corredor mostró su preocupación por la situación de los 825 trabajadores de Martinsa-Fadesa no sólo por la tramitación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 234 personas, sino también por la posibilidad de que el juez inicie el procedimiento concursal, lo que podría tener un impacto mayor sobre la plantilla.

Los sindicatos con representación en Martinsa-Fadesa (CCOO, UGT y CIG), que el lunes continuarán negociando el ERE, de momento han rechazado la indemnización de 25 días por año trabajado que ofrece la empresa y temen que en breve toda la plantilla pueda dejar de cobrar sus salarios ante la falta de liquidez de la compañía. Además, los representantes de los trabajadores están preocupados por las consecuencias que puedan derivarse de la declaración del concurso de acreedores, razón por la que UGT ha anunciado que se personará en el proceso para poder contar con toda la información y tratar de influir en las decisiones que se puedan tomar.

También la firma Iure Abogados, especializada en procedimientos concursales, ha anunciado que se personará en el concurso en representación de los afectados por la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa, tanto proveedores como compradores de vivienda. Este despacho de abogados considera que los compradores que tienen señalizada una casa (12.578 clientes a 31 de marzo, según las cuentas de la compañía) pueden optar por resolver el contrato y solicitar la devolución de la cantidad entregada o continuar con la compra, exigiendo la entrega en plazo.

Por su parte, la Asociación General de Consumidores (Asgeco) les ha recomendado que continúen con los pagos que tengan pendientes, porque en caso contrario es el comprador quien incumple el contrato. Entre los afectados también se encuentra del Ayamonte Club de Fútbol, equipo onubense de tercera división al que Martinsa-Fadesa debe 150.000 euros por el patrocinio de temporadas pasadas, lo que supone una buena parte de su presupuesto actual.

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