Promoción Inmobiliaria. Al menos cuatro de las ocho sentencias en contra que acumula la empresa pública Pongesur del Ayuntamiento de Ponferrrada, sentencias que declaran ilegales actos administrativos, han favorecido de una u otra manera a las empresas de José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón. Y en algunos casos la empresa beneficiara UFC, es la misma que aparece en los autos del Sr. Garzón e implicada en promociones de Madrid y Comunidad Valenciana.

La primera de las sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se remonta al 9 de noviembre de 2005, declara ilegal toda la actuación urbanística de La Rosaleda porque se hurtaron más de 100.000 metros cuadrados de equipamientos en aras de otorgar a las parcelas el mayor nivel de edificabilidad permitido, lo que suponía de hecho favorecer, “en contra de la ley”, a los adjudicatarios de las parcelas, que tiene como mayor beneficiario a José Luis Ulibarri por cuyas manos han pasado más de 1.200 viviendas. A su empresa UFC le fueron adjudicadas 539 viviendas, 272 le fueron adjudicadas a José María Fernández de la Mata y otras 354 le fueron adjudicadas a Pizarras Franvisa. Viviendas que pasaron a pertenecer a José Luis Ulibarri. El mismo camino ha seguido adjudicaciones de menor cuantía a distintas empresas.

Un tinglado de adjudicaciones que según el corrido popular en la ciudad de Ponferrada, en buena parte de casos, se ha tratado de empresas que actuaban como testaferros de José Luis Ulibarri. Testaferros que en algunos casos socios suyos en su maraña de empresas. El PSOE del Bierzo considera a José Luis Ulibarri “Dios del monopolio concesional. El Ayuntamiento de Ponferrada solo tiene ojos para José Luis Ulibarri”.

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