Paralización. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la autorización del Parque Murias II, porque consideró que la fragmentación del proyectos eludía la normativa ambiental y eléctrica. Pocos días después, ocurrió otro tanto a tres redes de aerogeneradores previstas en Omaña, la Cepeda y Alto Bierzo en aplicación de dicha doctrina. Los servicios jurídicos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León están preparando, ahora, un recurso de casación ante el Tribunal supremo contra la resolución dictada por el Tribunal de Justicia de Castilla y León. Existe controversia jurídica y ambiental. La ejecución de la sentencia obliga a la administración a reconsiderar su sistema de evaluación del impacto ambiental. La sentencia obliga a disponer de una informe de impacto ambiental de manera más global y eficiente.

Al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no le sirven las declaraciones de impacto ambiental fragmentadas, de librillo y bien pudiera ocurrir que la Junta se viera obligada a planificar ambiental y eléctricamente la carga de aerogeneradores de la provincia o de una determinada zona, paralizando todos los expedientes que actualmente se están tramitando. La administración autonómica se limitaba a a comprobar los aerogeneradores, los circuitos hasta la primera subestación y las pistas de acceso. «Todos esos aspectos son los que se miraban en las declaraciones de impacto. Y lo hacíamos parque a parque».

:: Paralización de proyectos

La Junta ha invitado a los promotores de parques de aerogeneradores que paralicen de inmediato sus actividades y obras, que obedezcan la resolución judicial. «La empresa debe saber, porque nos pasa con relativa frecuencia, que enviamos una segunda orden de paralización y, si no hace caso, remitimos el caso al fiscal». La notificación también se hace a los ayuntamientos porque los proyectos están en construcción y es de su competencia, como ocurre a menudo con los cielos abiertos de Villablino. «Si se tratara de una instalación que ya funciona, al tener competencias en materia de inspección, se corta la actividad y punto, pero en este caso tienen que ser los ayuntamientos».

Compártelo