Seguridad. Más de 40 mandos de la Benemérita de Castilla y León acudieron hoy en la capital leonesa a la primera asamblea de asociados de la Unión de Oficiales de Guardia Civil-Profesional, donde se analizó la futura nueva Ley de Personal del Cuerpo en la que esperan se elimine la “discriminación” que sufren los mandos respecto a los agentes procedentes de las Fuerzas Armadas que realizan su formación en la Academia General Militar del Ejército.

“Un oficial del Ejército de Tierra asciende de teniente a capitán en tres años, y uno de promoción interna tarda ocho o nueve”, aseguró el presidente nacional de la asociación, Francisco García Ruiz, cuya organización cuenta en Castilla y León con alrededor de 80 de los 900 socios que tiene en todo el territorio nacional. “Queremos que esta ley acabe con el sistema de integración vigente de los oficiales, por el que nos estamos preocupando para que unos no pisoteen a otros”, apostilló.

:: Conciliación

Otro de los aspectos recogidos entre las propuestas presentadas a la nueva ley es la conciliación de la vida familiar y laboral, que dicen es imposible mientras siga habiendo un mando en cada compañía que no puede delegar en otros. “El oficial está en estado de semiesclavitud por la imposibilidad de tomarse descansos”, apuntó el delegado territorial de la asociación en Castilla y León, Luis Parra, quien añadió además que, para que otros puedan disfrutar de los permisos, muchos mandos se quedan a cargo de más de una compañía.

Esta situación —según afirmó— está provocando en los mandos agotamiento psicológico, bajas por agotamiento e incluso bajas psicológicas por exigencias de responsabilidades a los mandos de la compañía. El hecho es aún más preocupante si se compara con otros Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional tiene un ratio de mandos de en torno al 12 por ciento, frente a la Guardia Civil, con entre el tres y el cuatro por ciento. O lo que es lo mismo, por cada oficial de la Benemérita, hay cuatro de la Policía Nacional, teniendo esté último alrededor de 20.000 agentes menos. Lejos de ambos figura el ratio de las Fuerzas Armadas, que alcanza el 17 por ciento.

Junto a estas reivindicaciones se unen otras en temas salariales. Denunciaron diferencias que rondan los 1.000 euros respecto a cuerpos municipales y autonómicos. “Con esta discriminación hay que acabar tan pronto como haya disponibilidad presupuestaria”, apuntó el presidente de la asociación. Las previsiones fijan el verano de 2010 como fecha de entrada en vigor de la nueva ley aunque desde la Unión de Oficiales dudan de que se puedan cumplir las fechas.

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