Catástrofe en Gersul. La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, anunció hoy que propondrá a la Junta de Gobierno para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de León (Gersul) —a la que ha solicitado acudir como presidenta, cargo que hasta ahora había delegado en el diputado José Antonio Velasco— “que se paralice la tasa de 2009 y devolver todo lo cobrado de este año”. De manera paralela se solicitará un informe económico con la valoración de la tasa en su conjunto. Así lo declaró Isabel Carrasco, quien decidió adoptar medidas para poner fin a la polémica generada en los últimos días, después de que la institución provincial mostrara su deseo de abandonar el consorcio de Gersul como consecuencia de la deuda acumulada y alegando que no es la Diputación quien tiene que encargarse de esas tareas. Isabel Carrasco mostró su deseo de “encauzar las cosas” después de mucho tiempo “sustrayendo una serie de dinero que habrían venido bien para hacer muchas obras” después de que la institución asumiera la responsabilidad “en nombre de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes”.

Estas decisiones se trasladarán mañana a la Junta de Gobierno para que sean ratificadas o no posteriormente en asamblea. Carrasco pidió también una revisión de la tasa “posiblemente a la baja”, pero siempre estudiando “en conciencia” esta cuantía porque “a lecciones de responsabilidad no me las da nadie”. La presidenta de la Diputación anunció que solicitará también el “cambio jurídico de criterio” y que la tasa se traslade a los Ayuntamientos y a las mancomunidades “como dice la norma”, al tiempo que propondrá la denuncia del convenio con Gersul “para que no lo recaude la institución provincial”, matizó.

Isabel Carrasco hizo un recorrido histórico de Gersul desde su creación en 1997 “para aportar una solución definitiva a la gestión de los residuos sólidos urbanos de origen municipal procedentes de todos los ayuntamientos de la provincia”. Pese a acordar unas inversiones para la realización de todas las instalaciones necesarias para este cometido, que ascendían a 45 millones de euros, éstas pasaron a ser casi 13 millones más por una serie de mejoras. Ante la demora, varios ayuntamientos de la provincia de León solicitaron que, hasta el comienzo del funcionamiento de la planta de tratamiento de basura, alguien tendría que solucionarles la recogida, en lo que se denominó solución transitoria y que generó un cúmulo de cerca de 400.000 toneladas de residuos sólidos urbanos.

Inicialmente, se habló de unos “depósitos temporales”, por los que estos municipios tendrían que abonar al consorcio lo que les costaba la desaparición de toda esa basura, lo que ocasionó “el primer problema”, ya que todavía hay 14 millones de euros que “no nos han pagado”, confirmó la presidenta de la institución provincial, correspondientes a esta solución transitoria.

Posteriormente, y una vez que se adjudicó el contrato a la UTE Legio VII, una serie de problemas jurídicos y de disponibilidad de los terrenos evitó que la empresa pudiera llevar a cabo su gestión además de tener un “sobrecoste del servicio” al tener que llevar a cabo unas actuaciones que no estaban previstas. Por ello, se presentó una solicitud a los ayuntamientos de León, Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo “exigiéndoles que paguen una mayor cantidad por la demora en las obras del CTR”, explicó Carrasco, algo que los tres consistorios aceptaron en pleno en el año 2003.

Para Isabel Carrasco, en todo este proceso se han cometido “dos errores graves por parte del consorcio de Gersul” como fue, por un lado, aceptar la recaudación al ciudadano porque “a nadie le gusta poner un tributo al ciudadano, es la cara amarga”, así como que el servicio recaudatorio recaiga en la institución que preside el consorcio, en este caso la Diputación de León. Carrasco entiende que “la Diputación ha puesto la cara por todos los ayuntamientos y ha llegado un momento en que se la quieren partir”, lamentó.

Por último, Isabel Carrasco quiso aclarar también que Gersul no ha supuesto ningún beneficio a la Diputación provincial, tal y como se ha venido diciendo, sino que por el contrario ha supuesto un déficit por la prestación del servicio de casi dos millones de euros.

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