Procurador del Común. El Procurador del Común, Javier Amoedo, dictó una resolución en la que insta al Ayuntamiento de León a reconsiderar la obligación de domiciliar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para poder fraccionarlo en dos plazos. De esta manera, se estima la queja presentada en 2008 por la Cámara de la Propiedad Urbana de León con este motivo. Según un comunicado remitido por la Cámara de la Propiedad Urbana de León, tanto la ordenanza reguladora del IBI como los anuncios de cobranza publicados anualmente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) fijaron “expresamente” la posibilidad de pagar el IBI en dos periodos voluntarios, el primero con el 60 por ciento de la cuota finalizando el segundo, el 40 por ciento de la cuota, el 5 de diciembre.

La Cámara de la Propiedad denunció en su día ante el Procurador del Común y, posteriormente, en el Juzgado Contencioso Administrativo de León “la ilegal actuación” del Ayuntamiento, que no admitía el fraccionamiento del pago si no se domiciliaba el segundo plazo en una cuenta bancaria, lo que tuvo como consecuencia “el cobro de recargos de apremio a numerosos ciudadanos” por no cumplir con este requisito.

Ahora el Procurador del Común ha dado la razón a la Cámara asegurando que no existe “ninguna norma que exija a los ciudadanos ser titulares de una cuenta bancaria”. Según la Cámara de la Propiedad, Amoedo tampoco se mostró de acuerdo con que este sistema “facilite el pago a los obligados, ya que sólo lo hará en el caso de que estos sean titulares de una cuenta bancaria, circunstancia esta que no tiene por qué concurrir en todos los casos”. Igualmente consideró el Procurador del Común que se ha podido producir “una infracción del ordenamiento jurídico estableciendo como único medio de pago la domiciliación bancaria”, en contra de lo dispuesto por el Reglamento General de Recaudación. Por último, desmontó el argumento del Ayuntamiento que afirmó hacerlo “por comodidad del contribuyente”, al señalar que sería comodidad “si así se ofreciera como posibilidad y no como obligación”.

Las resoluciones del Procurador del Común no vinculan al Ayuntamiento, pero desde la Cámara de la Propiedad se consideró que son “una advertencia de una institución de alto prestigio, que debería tomarse muy en serio el responsable de la Concejalía de Hacienda y obrar en consecuencia, sin esperar a una confirmación por sentencia judicial”.

Compártelo