Fuera de la Ley. La Cámara de la Propiedad Urbana de León denunció hoy que el Ayuntamiento de la capital leonesa vuelve un año más a exigir la domiciliación bancaria como condición para poder fraccionar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en dos plazos, haciendo de esta manera caso omiso de la reciente resolución del Procurador del Común. Por ello, la Cámara de la Propiedad mantiene su queja ante la “insistente” actitud de la Concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de León, prolongando una regulación ilegal “que va contra los derechos de los contribuyentes” y porque, según afirmó el Procurador del Común en su resolución, “no existe ninguna norma que exija a los ciudadanos ser titulares de una cuenta bancaria”, explicaron los responsables camerales a través de un comunicado.
La entidad insiste en que el consistorio vuelve a exigir este año la domiciliación bancaria como condición para poder fraccionar el pago del impuesto en dos plazos. El Ayuntamiento de León prolonga una regulación ilegal “que va contra los derechos de los contribuyentes”. El Procurador del Común advertía en su resolución, que “no existe ninguna norma que exija a los ciudadanos ser titulares de una cuenta bancaria”
La Cámara de la Propiedad expresó su “total acuerdo” con la resolución del Procurador del Común que “desmonta” los argumentos del Ayuntamiento “de comodidad y facilidad” en el pago por los ciudadanos ya que, según el Procurador del Común “sólo lo hará en el caso de que estos sean titulares de una cuenta bancaria, circunstancia que no tiene por qué concurrir en todos los casos” y sería comodidad “si así se ofreciera como posibilidad y no como obligación”, señalaron.
Por último, el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana, Luis Álvarez, manifestó su descontento con la “obstinada e injustificada” actitud del Ayuntamiento haciendo caso omiso de la resolución del Procurador del Común. “Ya sólo queda esperar que el órgano jurisdiccional emita una resolución que restablezca la legalidad”, dijo. En este sentido, se sabe que la resolución del Procurador “no vincula a la administración”, si bien se cree que su criterio “es casi tan cualificado como el judicial”, por lo que la actitud de la Concejalía de Hacienda “sólo demuestra que la motivación de su actuación es exclusivamente el afán recaudatorio”, concluyó.
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