


El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, el presidente de RAG de Renania-Westfalia, Franz-Josef Wodopia (I) y el presidente de Coto Minero Cantábrico, Victorino Alonso (D)

Futuro del carbón. El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, anunció hoy que Castilla y León, junto con el Principado de Asturias y la región alemana de Renania Westfalia redactarán un documento conjunto donde se recoja la postura de las tres administraciones con el fin de acometer “una acción conjunta” y hacer llegar su voz a la Unión Europea para defender el futuro del sector del carbón. Villanueva aclaró que el acuerdo con la postura de las tres regiones se dará a conocer al Gobierno de España, para fijar una postura conjunta. De esta forma se explicó tras la reunión mantenida con empresarios mineros de Coto Minero Cantábrico, el grupo Viloria o la Hullera Vasco-Leonesa, representantes sindicales y el presidente de la RAG, la patronal del sector del carbón en la región de Renania Westfalia.
Villanueva cree que 2018 sería “un plazo razonable” para el nuevo reglamento específico y considera necesaria la negociación de un tercer Plan del Carbón hasta ese año
El consejero explicó que durante esta reunión se fijó la postura de Castilla y León, que entiende que la reestructuración del sector minero en España “está concluida”, por lo que no debe de producirse más reducción de la producción. De esta manera, lo que procede a partir de ahora es “dar estabilidad” al sector como garante del suministro energético de un país que depende de la energía que llega del exterior, y que supone un 80 por ciento.
El vicepresidente económico recordó la “tensión, dudas e incertidumbre” del sector recientemente y que se ha podido solucionar de forma temporal a pesar de que aún no se ha dado luz verde al Real Decreto que dará “estabilidad” y que previsiblemente entrará en vigor el próximo mes de junio. En relación a los plazos, la Junta considera que el Gobierno debería conseguir que la Unión Europea apruebe un nuevo reglamento específico, ya que el actual finaliza el 31 de diciembre de 2010, y que tenga vigencia más allá de 2011. En este sentido, el mismo calendario que maneja ahora mismo Alemania, de finales de 2018 sería, según Villanueva “un plazo razonable”. Por ello, dado que el actual Plan del Carbón finaliza en 2012, el consejero consideró necesario que el Gobierno negocie “el tercer marco estratégico para el carbón 2013-2018.
El consejero de Economía y Empleo se mostró seguro de que, además de razones estratégicas de seguridad del suministro energético para España, existen razones socioeconómicas y también tecnológicas para la ampliación del marco estratégico hasta 2018. “El esfuerzo que estamos haciendo entre todos tiene que ser coherente. Estamos avanzando en la generación limpia con carbón y, tecnológicamente, en las técnicas de captura y almacenamiento de CO2″, por lo que no sería “razonable” realizar estas inversiones con la autorización de la Unión Europea “y no disponer de un marco de ayudas que llegaría al cierre de este sector”.
:: Actuación conjunta
Por su parte, el presidente de la RAG, Franz-Josef Wodopia, resaltó la importancia de los proyectos tecnológicos relacionados con el medio ambiente de ambos países y de actuar “de forma conjunta” ante la Unión Europea, algo que sólo será posible “si la idiosincrasia de Alemania y España son idénticas”, algo en lo que se ha dado “un gran paso”, reconoció. Wodopia explicó que el Gobierno alemán pretende que a finales de 2018 se ponga fin a la extracción de carbón, aunque en 2012 existe la posibilidad de revisar esa postura. “Por eso, al Gobierno federal le bastaría con conseguir en Europa una manifestación afirmativa de la extracción de carbón”.
En Alemania, alrededor de 25.000 personas trabajan en el sector de la minería en las seis cuentas que existen actualmente y que, en 2013, se reducirán a tres. En el caso de continuar la voluntad política de mantener la actividad minera, se calcula que podrían extraerse entre ocho y 12 millones de toneladas, algo que depende únicamente “de una decisión política” y cuanto más tiempo transcurra “será más difícil alcanzar cifras de extracción elevada”.

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