Buenos Aires. El Parlamento de Argentina convirtió hoy en ley un proyecto que habilita al Estado a expropiar Aerolíneas Argentinas y sus subsidiarias al grupo español Marsans, luego de que fracasaran las negociaciones para una compraventa de las empresas. La iniciativa fue aprobada en el Senado con 42 votos a favor y 21 en contra, tras un debate de casi cinco horas en el que el oficialismo hizo pesar su mayoría y al cabo del cual los siete sindicatos que agrupan a los 9.600 empleados de la línea aérea de bandera festejaron el fin de siete años de gestión de Marsans.

El proyecto convertido en ley, que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados hace dos semanas, declara como empresas de “utilidad pública y sujetas a expropiación” a Aerolíneas y sus subsidiarias Austral (vuelos domésticos), Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa). Tras la aprobación de la ley, Marsans dijo que considera la expropiación como una “confiscación” “arbitraria e ilegítima”, porque contradice un acuerdo entre el grupo y el Gobierno argentino firmado en julio, por el cual el Estado se comprometió a comprar Aerolíneas.

Marsans anunció que solicitó un arbitraje ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, adonde buscará una “compensación monetaria por la confiscación que el Estado argentino está instrumentando y por todas las violaciones a los tratados que han ocurrido en los últimos años”.

En el debate de hoy, las principales fuerzas de la oposición se manifestaron a favor de la “recuperación” de la empresa, pero no de que la compañía sea expropiada en su conjunto. El senador Gerardo Morales, de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), dijo que la expropiación es “la salida más cara” para Argentina pues, en vez de solicitarse la quiebra de la compañía, de este modo el país “se hace cargo de un muerto” ya que “pagará todo el pasivo” de la empresa, “así salga cero pesos el paquete accionarial”.

“Estamos nacionalizando la deuda privada de Marsans. Queremos salvar a Aerolíneas, pero no el dinero de los privados”, coincidió la senadora Liliana Negre de Alonso, del peronismo disidente, quien denunció que asumir una deuda de casi mil millones de dólares representará un “fraude para el patrimonio nacional”.

El oficialismo, en tanto, defendió la expropiación al alegar que dejar quebrar la aerolínea hubiera supuesto dejar al país sin servicio aéreo y a miles de trabajadores en la calle. Recordó, además, que por la ley aprobada hoy el Estado solo se hará cargo de las “deudas legítimas”, que deberán ser identificadas y diferenciadas de las “ilegítimas” generadas por operaciones dolosas o mala gestión de Marsans. El titular del Personal Técnico Aeronáutico, Ricardo Cirielli, celebró el “fin de 18 años de saqueo” de Aerolíneas “a través del capital español estatal y privado”, pero señaló que es “necesario que se investigue judicialmente la administración fraudulenta realizada por los dueños de Marsans”.

La Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977, establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de “utilidad pública” y que por él debe pagarse una indemnización que “solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”.

Según esta norma, el Estado deberá pagar la indemnización de acuerdo a lo que establezca el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo que ya determinó que Aerolíneas tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado debería pagar un “valor simbólico” de un peso. Para Marsans, dueño del 94,41 por ciento de Aerolíneas, la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español. La Ley de Expropiaciones establece que si no hay avenencia respecto del valor de los bienes, la cuestión deberá resolverse mediante un juicio sumario.

Una comisión parlamentaria recomendó hace un mes debatir esta ley de expropiación, después de que Marsans rechazara vender la empresa al Estado argentino por un “valor simbólico”. El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.

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