214 diputados declaran ingresos del sector privado, y los demás, del sector público. Son 350.  A las tres cuartas partes de los diputados (250 sobre un total de 350) les sabe a poco su honorarios como diputado, según han declarado ellos mismos y ha quedado recogido en dos dictámenes secretos.  ¿Le parece justo que los padres de la patria, los representantes del pueblo, tengan actividad secretas entre las que cabe, por ejemplo, recibir dinero de intereses contrapuestos a los de la circuscripción a la que representan? ¿Es jurídicamente sostenible el secreto de las actividad económicas extraparlamentarias de sus señorías?

El primer dictamen (secreto) se aprobó en un pleno del pasado junio y el otro el pasado jueves, ambos a puerta cerrada. Luz y taquígrafos para todos menos para ellos. ¡Que desastre! ¡Viva la Transparencia! ¿Qué debemos pensar los ciudadanos? ¿Quién responde? Muchos reciben ingresos extras, honorarios o sueldos fijos de otras funciones dentro de la administración. ¿Y qué dice la Ley Electoral? La ley dice que los diputados no pueden recibir dinero público ajeno a la Cámara y 36 diputados declaran tener otros ingresos de administraciones públicas. La ley solo admite la compatibilidad con el sueldo de la Cámara a los miembros del Gobierno, a los concejales y a los alcaldes. En dicho supuesto están 14 diputados. ¿Qué pasa con los otros 22?

Nuestras señorías en cuanto a ingresos se refieren se ponen en un pico. Otros 35 diputados declaran tener actividades profesionales como abogados, la abogacía es un cajón de sastre, y la Ley tampoco les permite contratar con la administración pública. Y sin embargo todos colegimos que la principal actividad de dichos abogados es asistir a empresas que si tienen negocios con las administraciones públicas.

¿Picaresca? En el Congreso existe un diputado que recibe sus honorarios como diputado, su sueldo como vicepresidente gobierno y su pensión de ex comisario de la Unión Europea y que ha declarado en una sesión de control que no le gustaría perder su empleo de ministro. Se llama Pedro Solbes. Hay diputadas que cobran su pensión de viudedad y otros de gran invalidez.

La Ley electoral prohíbe, asimismo, a sus señorías, a través del artículo 159 “las funciones de consejero o cargos equivalentes, así como la prestación de servicios en Entidades de Crédito o Aseguradoras o en cualesquiera sociedades o entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito”. Y son seis los que tienen relación con Cajas de Ahorro. Son muchos los que son propietarios de empresas y algunas muy suculentas que gestionan directamente, por ejemplo, el Sr. Michavilla, Arias Cañete, López-Amor y así.

:: Privilegios

No cabe duda que sus señorías, todas ellas, son personas de una inteligencia preclara y extraordinarias capacidades de trabajo. Son especialistas en estirar el tiempo. La otra parte de todo este enredo, la otra cara de la moneda, es que una buena parte de los afectados hacen los imposible para escaquearse de sus labores parlamentarias porque, dígase con claridad, han sido contratados por sus jefes e incorporados en las listas para hacer bulto, pagar favores y rellenar las votaciones.

La clase política no descansa en el ordeño del erario público y en mejorar sus privilegios para llegar, en su cínica jerga, a fin de mes. Las incompatibilidades son de rigurosa aplicación al resto de ciudadanos, perno a ningún caso a sus señorías, un dechado de virtudes y de ejemplo a seguir.

De sus señorías para abajo todo es peor. En la administración local y autonómica todo es mucho más grave. En esos ámbitos existe mucha menos vigilancia social y las trapacerías y despropósitos son para enmarcar. Se encubrirán unos a otros excepto que, con el lodo llegando a la altura del sobaco, decidan tirarse a dar. Se darán con onza, con rifle de repetición y con todo lo que tengan a su alcance. Empezarán tirándose de los pelos y concluirán creando franquicias de Hamás para arrearse con misil.

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