Pensiones de viudedad. PSOE y PP vuelven a bloquear la subida de las pensiones de viudedad que ha propuesto CiU. Los socialistas temen el impacto en las cuenta públicas (de 5.000 millones de euros). La Ponencia de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso se cerró este martes por segunda vez sin que los grupos parlamentarios alcanzaran un acuerdo que les permita empezar a debatir una proposición de ley de CiU que contempla que la base de cálculo para la cuantía de la pensión de viudedad pase del 52% al 70% y al 90% cuando esta prestación es la principal fuente de ingreso del pensionista. Coalición Canaria ha propuesto que la pensión, como mínimo sea equivalente al SMI (Salario mínimo interprofesional).

El PSOE quiere rectificar esta iniciativa, que la unanimidad del Pleno aceptó tramitar en junio del año pasado, porque según sus cálculos este incremento supondría un impacto de 5.000 millones de euros en las cuentas de la Seguridad Social. Además, rechazan que se plantee al margen de los trabajos para la renovación del Pacto de Toledo. El PP y el PSOE no quieren enojarse con los sindicatos que sienten que este tipo de iniciativas vacían de contenido el Pacto de Toledo, descendiendo su protagonismo. Es más que probable, por lo tanto, que una vez más, pesen más las razones de forma, la politiquería, que las razones de fondo e independientemente de que lo que se debate (la pensiones de viudedad), por vergüenza torera, se esté realizando a propuesta por unanimidad del Pleno del Congreso de junio del año pasado.

La reunión buscaba alcanzar un consenso inicial sobre algunas de las modificaciones propuestas al texto original de CiU por los distintos grupos parlamentarios, pero volvió a cerrarse sin acuerdos, al igual que ocurrió con la primera reunión de la Ponencia celebrada antes de Semana Santa. Y es que los socialistas rechazan que la iniciativa se tramite si no se acepta antes la enmienda de sustitución que han presentado al texto, que reemplaza el incremento propuesto por un complemento “aplicable en términos análogos a los pensionistas de jubilación y de incapacidad permanente”, cuya cuantía quedará determinada anualmente por los Presupuestos Generales del Estado. Los socialistas pugnan porque la subida no esté reglada y dependa de su graciosa voluntad para seguir haciendo política.

Tanto el ministro de trabajo, Celestino Corbacho, como el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, han denunciado en varias ocasiones durante sus comparecencias en los últimos meses en la Cámara Baja la “inequidad” que supone la propuesta de CiU porque propone un incremento superior al de las prestaciones por jubilación. En este contexto, nadie sabe lo que quiere decir “iniquidad”. Octavio Granado también ha hecho saber que “puede suceder que un cotizante valga más vivo que muerto”, sin que nadie sepa muy bien en qué clave esta dicho ni a cuento de qué, quien para hacer más incongruente su actitudo ha añadido que todas las pensiones mínimas “son muy bajas”, ante lo que insistió en tramitar con igualdad su reforma en el seno del Pacto de Toledo.

¿Y qué hace el Pacto de Toledo? Pues defender el poder adquisitivo de su base social. Las viudas y madres, están indefensas y sin representación. Los grandes partidos tampocos las defienden, excepto minutos antes de pedirles el voto. Las viudas no están representadas en el Pacto de Toledo desde el principio de los tiempos, y a pesar de que todos los que se sientan en la mesa del Pacto de Toledo, de manera reiterada, en grupo y por separado, han defendido la necesidad de elevar la cuantía de dichas pensiones de manera reglada. Otro tema que se discute, y que no es compartido, es el impacto sobre los presupuestos de la Seguridad Social de dicha subida, valorada por el PSOE  en 5.000 millones de euros.

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