Financiación de CC AA. El Gobierno sacará adelante el nuevo modelo de financiación autonómica, que será ratificado en la reunión de este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a pesar de la oposición mostrada por las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, pero con el respaldo del 50 por ciento de los votos del CPFF y el apoyo decidido de Andalucía y Cataluña, dos de las principales beneficiadas. Otras comunidades socialistas como Extremadura, Aragón o Asturias han vencido sus reticencias iniciales y apoyarán el nuevo modelo con “correcciones”, mientras que Canarias (gobernada por CC y PP) dará un sí crítico.

Los ‘populares’, cuyos consejeros autonómicos se reunieron hoy en Génova con el presidente del PP andaluz y vicesecretario general, Javier Arenas, y el responsable de Economía, Cristóbal Montoro, para consensuar una postura conjunta al nuevo modelo, concluyeron al término de este encuentro que el modelo es “insolidario, poco transparente y muy complejo”, como resultado de una negociación en “la que se ha pretendido contentar a todos”. Según la Dirección del PP, se ha creado una “gran incertidumbre” respecto a los efectos de su aplicación, que “sólo se resolverá en 2012 con la primera liquidación del modelo”.

Sin embargo, ante la situación de asfixia financiera que están atravesando muchas autonomías, el PP ya trabaja con la idea de que varias de sus comunidades no se opongan con un ‘no’ rotundo al nuevo modelo, sino que opten por la abstención. Así, el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, reclamó que el nuevo modelo de financiación otorgue a Galicia hasta 190 millones de euros anuales más de los 590 que con fecha 2012 le ofrece el Gobierno.

Feijóo argumentó que estos fondos añadidos deben compensar los costes de emigración y dispersión y avisó de que no firmará si no los recibe. Además, Galicia ha remitido al Gobierno, junto a Castilla y León -también del PP, y que recibirá entre 496 y 520 millones, aunque pide de 646 a 720- una enmienda conjunta a la propuesta estatal para que el noroeste “cuente”.

Por su parte, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que la Comunidad no podrá pagar en 2011 sus servicios con el nuevo sistema y explicó que perdería cerca de 1.000 millones en 2010 con este modelo. Reclamó que el Gobierno central reconozca el incremento de población en Madrid de unas 300.000 personas y criticó que la CCAA tenga que devolver 5,1 millones de euros. En esta línea, La Rioja reclamó abrir la negociación para que se reciban propuestas de las CCAA, mientras que la Comunidad Valenciana anunció que no renunciará “ni a un solo euro”.

:: Los catalanes dicen sí

Por su parte, desde el Partido Socialista, sus presidentes autonómicos apoyan el modelo con Andalucía y Cataluña a la cabeza, dos de las comunidades más beneficiadas. El Consell Executiu de la Generalitat catalana aprobó ya hoy la propuesta y mañana trasladará el sí al Gobierno central. La cantidad que Cataluña espera recibir está entre 3.650 y 4.000 millones de euros adicionales.

El Gobierno de Aragón aceptó el nuevo modelo por considerarlo ajustado al Estatuto, aunque apuntó que prepara pequeñas correcciones. El presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, se mostró “moderadamente satisfecho” al aumentarse el peso del envejecimiento, dispersión y dependencia y situarse Asturias por encima de la media con 200 millones de euros y 2.977 per cápita.

:: Extremadura habla de esperpento

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, apoyó el modelo y dijo que es “razonablemente bueno”, si bien anunció que en la reunión planteará “algunas cuestiones” que quedan por aclarar. El extremeño Guillermo Fernández Vara señaló que el modelo deja a todos “parcialmente insatisfechos” y por eso “es justo”, al tiempo que criticó lo que llamó el “esperpento”, ya que “si se suma lo que cada uno está diciendo que va a recibir sale 4 veces más del dinero que hay”.

El castellano-manchego José María Barreda manifestó su “opinión favorable” e indicó que a su CCAA le ha ido “bien”, a pesar de que su postura era algo distinta hace unos días, y esperó una aprobación por “unanimidad, a poder ser”. El presidente balear, Francesc Antich, valoró la aportación para Baleares, un “hito histórico”, puesto que a partir de los casi 300 millones de la primera cifra que trascendió, la CCAA ha logrado al final cerca de 500, lo que le permitirán situarse en la media estatal, de la que en la actualidad se encuentra a 21 puntos por debajo.

La propuesta del Ejecutivo también contará con el voto a favor del gobierno canario, gobernado por CC y PP, cuya dirección nacional se opone al nuevo sistema. El presidente canario, Paulino Rivero, habló de “avance” -recibirá 520 millones- y precisó que resulta “evidente” que Canarias no puede estar en “el régimen común de financiación”, dado que “no tiene nada que ver con el resto de la península”. El líder popular canario, José Manuel Soria, precisó que lo apoyarán porque “no hay más remedio”.

:: Reforma refrendada en las Cortes

Una vez ratificado el nuevo sistema por el CPFF, el Gobierno remitirá a las Cortes la reforma de la ley de financiación de las comunidades autónomas, que deberá ser refrendada por el Parlamento, donde no se esperan sorpresas, dado que además del apoyo del PSOE, contará con el voto favorable de, como mínimo, ERC e IU-ICV. Posteriormente, será discutido por las comisiones de transferencias de las distintas CC.AA.

El pasado domingo, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, presentó públicamente el nuevo sistema de financiación y se lo remitió a las comunidades autónomas, tras más de 100 entrevistas con los diferentes representantes de los gobiernos regionales.

La nueva financiación, que entrará en vigor desde 1 de enero de 2009 y se aplicará de forma gradual hasta 2012, aportará recursos adicionales “ligeramente superiores” a los 11.000 millones de euros y permitirá, según el Gobierno, el acercamiento de todas las comunidades autónomas a la media de financiación per cápita.

El modelo, que se actualizará anualmente para reflejar los cambios de la población y su distribución, incorpora mayor corresponsabilidad fiscal al ceder el 50% del IVA y del IRPF y el 58% de los Impuestos Especiales, y pondera distintas variables como la dispersión, el envejecimiento, la insularidad, la superficie o la población en edad escolar. Asimismo, se incluyen los criterios de densidad y bilingüismo a la hora de ponderar la asignación de recursos.

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