Déficit público. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró hoy que las comunidades autónomas tendrán que devolver 6.000 millones de euros al Estado por las liquidaciones negativas de los anticipos a cuenta de 2008, por la caída de ingresos registrada en ese periodo. “Evidentemente, las comunidades van a tener menos recursos que en 2007″. Durante su segundo turno de intervención ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, Salgado señaló que por este motivo el Gobierno ha incluido “de manera urgente” una dotación adicional de 11.000 millones de euros en la revisión del modelo para compensar esta caída, al tiempo que establece una moratoria para el pago a partir de 2001, repartida en cuatro años.

Salgado justificó su renuencia a no facilitar las cifras sobre las aportaciones que recibirá cada comunidad en que aún no se conoce la liquidación del sistema para 2009, por lo que resulta “imposible” hacerlo, si bien señaló que las cifras avanzadas en las últimas semanas por diferentes presidentes autonómicos “no nos parecen desacertadas”, en especial la difundida por el presidente de la Generalitat, José Montilla, de 3.687 millones de euros.

En cualquier caso, destacó que con el nuevo modelo “hay muchos más recursos” que con el anterior, y aseguró que garantiza la corresponsabilidad fiscal. “Todas las comunidades autónomas están perfectamente convencidas de que es un avance en su autogobierno”, señaló. No obstante, indicó que el Gobierno no pretende hacer un “ranking” comparando las aportaciones entre ambos sistemas, ni entre lo recibido por cada comunidad.

:: Cuestiona la transparencia del PP

En este sentido, reprochó al portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, artífice del modelo de financiación de 2001 como ministro de Hacienda con el Gobierno de José María Aznar, que la preparación del modelo de financiación “fue mucho menos transparente” que la del nuevo. Asimismo, defendió que el nuevo acuerdo cumple “respetuosamente el Estatut” y enfatizó que el Ejecutivo central ha dado “repetidas muestras” de lealtad institucional hacia los gobiernos autonómicos, como en el caso de la aplicación de la deducción de los 400 euros en el IRPF. “No hay ninguna intención aviesa”, destacó.

Salgado reprochó al portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, que la coalición diera por sentado que no se iba a alcanzar un acuerdo, por lo que ahora se ven “descolocados”. “No de otra manera puede entenderse que ustedes hayan llegado a dar hasta once cifras distintas durante el proceso de negociación”, señaló.

:: PP y CiU mantienen su rechazo

En su intervención final, Cristóbal Montoro insistió en sus críticas a la gestión del Gobierno y le acusó de no reconocer la realidad y no hacer frente a la crisis económica que atraviesa el país. “Es imposible dar agua si se están reparando las cañerías”. Según defendió, el modelo anterior permitía a cada comunidad calcular “sus consecuencias” y ser así conscientes del dinero al que iban a acceder, algo que hace “imposible” la “opacidad y falta de transparencia” del nuevo sistema. Sánchez Llibre, como responsable económico de CiU, coincidió en este punto y reconoció que la “opacidad” del Ejecutivo es mayor a la esperada.

Sin embargo, el portavoz de ICV, Joan Herrera, insistió en defender el acuerdo alcanzado y aseguró que ha sido posible gracias a lo recogido en el Estatut. Además, apuntó la diferencia de criterio en el PP entre la postura nacional y la de las comunidades, y auguró que el sistema de financiación no será modificado si los ‘populares’ se hacen con la Presidencia del Gobierno.

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